Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 7, Núm. 13 (Ed. Esp. Marzo 2024) ISSN: 2737-6354.  
La virtualización: Herramienta para potenciar el rendimiento académico en la Asignatura de  
Lengua y Literatura.  
DOI: https://doi.org/10.46296/rc.v7i13edespmar.0227  
El lavado de activos en el Ecuador y su incidencia en la normativa  
tributaria, societaria y mercantil  
Money laundering in Ecuador and its impact on tax, corporate and  
commercial regulations  
Moreira-Basurto Clemente Aladino  
Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.  
Correo: clemente.moreirab@ug.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0000.0003-0039-7258  
Rivadeneira-Pacheco José Luis  
Investigador Independiente. Guayaquil, Ecuador.  
Correo: josecontador82@gmail.com  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7971-5399  
Quintanilla-Gavilanes Jorge Aníbal  
Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.  
Correo: anibal.quintanillag@ug.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9981-4976  
Moreira-Cañizares Andrea Carolina  
Investigador Independiente. Guayaquil, Ecuador.  
Correo: acmc_do@hotmail.com  
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7222-3850  
RESUMEN  
El presente estudio tuvo como objetivo principal diseñar un documento de análisis crítico- jurídico  
sobre lavado de activos en la legislación ecuatoriana y su incidencia en el marco jurídico  
ecuatoriano mercantil, societario y tributario. La metodología fue de carácter cualitativa a través  
de un análisis documental basado en el examen de legislación vigente, informes emitidos por  
organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, publicaciones académicas  
y otros materiales relevantes. Los resultados señalan cómo el lavado de activos no solo afecta  
la estabilidad económica y financiera de Ecuador, sino que también impacta negativamente en  
el desarrollo social y empresarial del país. La evolución del marco legal, reflejada en la  
adaptación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras legislaciones relevantes, muestra  
un compromiso por parte del Estado ecuatoriano para alinearse con estándares internacionales  
y abordar este desafío de manera integral. Se concluye en la importancia de una cooperación  
internacional efectiva y de la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la  
capacidad de detección y prevención de actividades de lavado de activos. Además, se reconoce  
la necesidad de una participación activa y consciente de la sociedad ecuatoriana para  
contrarrestar este fenómeno, promoviendo la transparencia y la integridad en el sistema  
financiero y en el entorno empresarial.  
Palabras claves: lavado de activos, normativa, COIP, cooperación, legislación.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 19 de diciembre de 2023.  
Fecha de aceptación: 19 de febrero de 2024.  
Fecha de publicación: 25 de marzo de 2024.  
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Moreira-Basurto et al. (2024)  
ABSTRACT  
The main objective of this study was to design a critical-legal analysis document on money  
laundering in Ecuadorian legislation and its impact on the Ecuadorian commercial, corporate and  
tax legal framework. The methodology was qualitative in nature through a documentary analysis  
based on the examination of current legislation, reports issued by government agencies and non-  
governmental organizations, academic publications and other relevant materials. The results  
indicate how money laundering not only affects the economic and financial stability of Ecuador,  
but also negatively impacts the social and business development of the country. The evolution of  
the legal framework, reflected in the adaptation of the Comprehensive Criminal Organic Code  
(
COIP) and other relevant legislation, shows a commitment on the part of the Ecuadorian State  
to align itself with international standards and address this challenge in a comprehensive manner.  
It concludes on the importance of effective international cooperation and the implementation of  
advanced technologies to improve the ability to detect and prevent money laundering activities.  
Furthermore, the need for active and conscious participation by Ecuadorian society is recognized  
to counteract this phenomenon, promoting transparency and integrity in the financial system and  
in the business environment.  
Keywords: money laundering, regulations, COIP, cooperation, legislation.  
1. INTRODUCCIÓN  
El lavado de activos es considerado un delito en Ecuador, que implica la  
obtención de recursos a través de operaciones ilícitas como el narcotráfico, la  
trata de personas, el terrorismo y el contrabando, entre otros. Además, se  
extiende a delitos más sofisticados como la defraudación fiscal, el peculado, el  
cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, principalmente cometidos por  
servidores públicos que abusan de su posición para cometer estos actos.  
Los fondos generados por estas actividades ilícitas buscan ingresar al sistema  
financiero de manera regular, pero también desaparecen repentinamente. Una  
estrategia común para integrar estos capitales en la sociedad es a través de la  
creación de nuevos negocios o la inversión en empresas ya existentes. Estos  
negocios, ya sea por necesidad, falta de inversión o apoyo gubernamental,  
pueden verse tentados a recurrir a estas prácticas para no perder sus recursos.  
Guerrero Luzuriaga et al. (2019) señalan que las inversiones ilegales o  
realizadas al margen de la ley tienen un impacto aparentemente positivo al  
inyectar capital y estimular la reactivación económica, particularmente a través  
de pequeñas y medianas empresas. Estas entidades, incluidas las empresas  
familiares y las dedicadas al sector inmobiliario, junto con individuos  
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emprendedores que carecen de capital para invertir, son especialmente  
vulnerables a verse involucradas en actividades de lavado de activos. Este  
fenómeno se ha adaptado al nuevo milenio, adoptando un modus operandi que  
fusiona hábilmente las oportunidades y ventajas proporcionadas por un entorno  
comercial y empresarial globalizado, así como por el avanzado estado de la  
tecnología informática que caracteriza a nuestra era.  
Por otro lado, Varela y Venini (2007) argumentan que el lavado de activos  
constituye un delito con profundas repercusiones sociales a nivel global y para  
los Estados individuales. En los mercados financieros, este delito introduce  
riesgos significativos, como la iliquidez y el pánico bancario, especialmente ante  
la posibilidad de que grandes sumas de dinero desaparezcan de forma repentina  
e inesperada. Esta caracterización del lavado de activos subraya su capacidad  
para desestabilizar no solo el ámbito económico, sino también el social,  
exigiendo así una atención y respuesta meticulosas por parte de las autoridades  
y la sociedad en su conjunto.  
En Ecuador, el lavado de activos se ha convertido en un problema significativo  
para la economía, con estimaciones que indican que las cantidades lavadas a  
través del sistema financiero se triplicaron de 2016 a 2021, alcanzando los 3.500  
millones de dólares. Esta situación ha llevado a buscar soluciones avanzadas,  
como la implementación de tecnologías basadas en analítica e inteligencia  
artificial, para mejorar la detección y prevención de este delito. Estas tecnologías  
permiten un reconocimiento más eficaz de patrones y situaciones anómalas en  
operaciones digitales y transacciones financieras, ayudando a combatir el fraude  
y el lavado de activos (Torres, 2023).  
Respecto a los delitos tributarios, estos son considerados en algunas  
legislaciones como delitos precedentes al lavado de activos. La legislación de  
varios países ha especificado que ciertos delitos tributarios graves pueden dar  
base al lavado de activos, aunque no todos los ordenamientos jurídicos hacen  
una alusión explícita a los delitos tributarios como tales. En el caso de Ecuador,  
el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el lavado de activos y establece  
las sanciones correspondientes, sin embargo, el detalle específico sobre cómo  
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los delitos tributarios se relacionan con el lavado de activos a nivel legislativo  
podría variar (Mendoza, 2018).  
La normativa ecuatoriana ha sido actualizada para enfrentar este desafío, con el  
lavado de activos definido y sancionado específicamente en el artículo 317 del  
COIP. Este artículo sanciona diversas formas de manejar activos de origen ilícito,  
incluyendo su adquisición, transferencia, ocultamiento, y participación en  
transacciones destinadas a dar apariencia de licitud a los mismos (Carpio, 2020).  
Adicionalmente, se han implementado regulaciones para las fundaciones y  
corporaciones, especialmente aquellas que otorgan créditos, con el fin de  
prevenir tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo. Estas  
entidades deben adoptar un sistema de prevención de riesgos, conformado por  
políticas y mecanismos específicos, y reportar cualquier operación sospechosa  
a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). La normativa  
también establece la obligación de contar con un oficial de cumplimiento y  
desarrollar una gestión de riesgos en varias etapas, incluyendo la identificación,  
medición, control, y monitoreo de riesgos (Meythaler & Zambrano Abogados,  
2
022). Estas medidas reflejan un esfuerzo por fortalecer el marco legal y  
regulatorio en Ecuador frente al lavado de activos, haciendo uso tanto de  
avances tecnológicos como de una mayor rigurosidad en las prácticas  
corporativas y financieras.  
Figura 1. Reporte sobre denuncias de lavado de activos periodo 2019 - 2022  
Nota: Tomado de González (2022).  
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De acuerdo con la figura 1, el lavado de activos es un fenómeno que presenta  
diferentes manifestaciones delictivas y tiene un impacto significativo en la  
economía y la seguridad de un país. Según registros, se observa un promedio  
mensual de cuatro casos de lavado de activos, cifra que muestra una  
disminución con respecto a años anteriores. Sin embargo, es importante  
destacar que esta estadística podría no reflejar la totalidad de la actividad  
delictiva, ya que expertos en prevención de blanqueo de capitales indican la falta  
de una estadística precisa sobre el lavado de activos en el país.  
El lavado de activos se asocia comúnmente con otros delitos, como el  
narcotráfico, la corrupción y la pornografía infantil, los cuales proporcionan los  
recursos que posteriormente se buscan blanquear. Aunque existen distintos  
delitos que pueden ser fuente de estos recursos, se identifican tres grandes  
bloques principales que alimentan esta actividad ilícita. El narcotráfico emerge  
como la principal fuente de ingresos para las estructuras de lavado de activos.  
Este fenómeno se ha acelerado en los últimos años, particularmente en ciertas  
regiones del país, como las provincias costeras de Guayas, Manabí y Santa  
Elena. La proliferación de proyectos inmobiliarios de lujo en estas zonas ha  
llamado la atención de los expertos, quienes han detectado operaciones  
sospechosas relacionadas con este tipo de inversiones, como la compra de  
terrenos en efectivo o la rápida cancelación de deudas.  
Otro bloque importante es la corrupción, que involucra actos delictivos cometidos  
por políticos y funcionarios públicos. A menudo, las investigaciones se centran  
en los delitos fuente y no avanzan hacia el lavado de activos, lo que limita la  
efectividad de las acciones judiciales. Por último, la pornografía infantil constituye  
un tercer bloque de actividad delictiva asociado al lavado de activos. Las  
estructuras criminales involucradas en este tipo de delitos suelen captar a  
menores a través de sus propios padres, quienes, por diversas razones, acceden  
a participar en estas redes delictivas. Estas organizaciones utilizan fachadas  
legales para blanquear capitales, como la supuesta compra de productos y el  
pago por servicios.  
Es importante destacar que el narcotráfico actúa de manera transversal en los  
otros bloques identificados, dado que su control territorial muchas veces  
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condiciona la comisión de otros delitos. En consecuencia, la lucha contra el  
lavado de activos requiere una acción coordinada y efectiva por parte de las  
autoridades competentes para enfrentar esta compleja problemática.  
Figura 2. Reportes enviados por la UAFE a la Fiscalía General del Estado por lavado de  
activos durante el 2021  
Nota: Tomado de Plan V (2022).  
En base a lo señalado con la figura 2, en el año 2021, la Unidad de Análisis  
Financiero y Económico (UAFE) remitió 15 Reportes de Operaciones Inusuales  
u ROII a la Fiscalía, los cuales podrían estar relacionados con 10 posibles delitos:  
cohecho, actividad ilícita de recursos mineros, delitos contra la flora y fauna  
silvestre, trata de personas, defraudación tributaria, narcotráfico, captación ilegal  
de dinero, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y  
testaferrismo. Sin embargo, el progreso o avance en las investigaciones resulta  
desconocido hasta el momento.  
Durante el periodo 2010-2017, el lavado de activos representó un perjuicio  
aproximado de ciento ochenta millones de dólares en recaudación de impuestos,  
según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en 2018.  
En respuesta a esta situación, el SRI ha intensificado sus controles sobre las  
transacciones y operaciones realizadas por los contribuyentes para detectar y  
sancionar a los responsables de este delito.  
Un aspecto clave en la prevención del lavado de activos es la corresponsabilidad  
ciudadana. En la actualidad, los índices de criminalidad y corrupción en Ecuador  
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han alcanzado niveles alarmantes, involucrando a ciudadanos de todos los  
ámbitos. Sin embargo, esta es una realidad a la que nos enfrentamos, por lo que  
es fundamental fomentar una conciencia social que promueva la denuncia de  
estos actos ilícitos (Alvarado, 2023).  
Por lo tanto, el presente estudio responderá a la siguiente interrogante: ¿Cómo  
incide el lavado de activos en la eficacia del marco jurídico ecuatoriano mercantil,  
societario y tributario? Para ello, se planteará como objetivo general, diseñar un  
documento de análisis crítico- jurídico sobre lavado de activos en la legislación  
ecuatoriana y su incidencia en el marco jurídico ecuatoriano mercantil, societario  
y tributario.  
La justificación e importancia de abordar el tema del lavado de activos en  
Ecuador, especialmente en materias tributaria, societaria y mercantil, radica en  
varios aspectos fundamentales que impactan directamente en la economía, la  
seguridad jurídica y el desarrollo empresarial del país.  
Primero, desde la perspectiva tributaria, el lavado de activos representa una  
amenaza significativa para la integridad del sistema fiscal. Al permitir que fondos  
de origen ilícito se integren en el sistema financiero formal, se erosiona la base  
tributaria y se socava la equidad fiscal. Los delitos tributarios como la evasión  
fiscal, que a menudo preceden al lavado de activos, implican una pérdida de  
ingresos cruciales para el Estado, lo que reduce su capacidad para financiar  
servicios públicos esenciales. Combatir el lavado de activos es, por lo tanto,  
crucial para asegurar la justicia y eficiencia del sistema tributario, incrementando  
los recursos disponibles para el desarrollo social y económico.  
En la esfera societaria, la importancia de enfrentar el lavado de activos se  
relaciona con la transparencia y la confianza en el mercado. Las empresas  
utilizadas como fachadas para actividades de lavado minan la confianza de  
inversores y consumidores, distorsionando la competencia y desincentivando la  
inversión extranjera directa. Al implementar medidas de control y prevención,  
como las detalladas en el artículo 317 del COIP y las regulaciones para  
fundaciones y corporaciones que otorgan créditos, se promueve un entorno  
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empresarial más limpio y competitivo, esencial para el crecimiento económico  
sostenido.  
Desde el punto de vista mercantil, abordar el lavado de activos es vital para la  
integridad y estabilidad del sistema financiero. Las operaciones comerciales y  
financieras que sirven para el lavado de activos no solo representan un riesgo  
legal para las entidades involucradas, sino que también pueden afectar la  
estabilidad financiera del país. La implementación de sistemas de prevención de  
riesgos y el cumplimiento de normativas específicas ayudan a proteger el sector  
mercantil de ser explotado para fines ilícitos, fomentando un ambiente de  
negocios seguro y estable que atrae inversiones y promueve el crecimiento  
económico.  
Por ende, la lucha contra el lavado de activos en Ecuador en los ámbitos  
tributario, societario y mercantil es de suma importancia para asegurar un  
desarrollo económico justo y sostenible. A través de la adopción de tecnologías  
avanzadas para la detección de actividades ilícitas y el fortalecimiento del marco  
legal y regulatorio, Ecuador puede mejorar la transparencia, la eficiencia y la  
equidad en estos sectores críticos, contribuyendo así al bienestar general de su  
sociedad.  
Marco teórico  
Lavado de Activos  
Una definición precisa sobre el concepto de lavado de activos es proporcionada  
por los juristas Medina y Cauti (2018), quienes lo equiparan al término "blanqueo  
de capitales". Según ellos, este delito implica la incorporación en la economía o  
el mercado financiero de cualquier país de bienes o recursos de procedencia  
ilícita, generalmente obtenidos a través de una o varias actividades delictivas,  
sin enfrentar objeciones (p. 3).  
Esta explicación subraya la estrecha relación entre el lavado de activos y una  
variedad de conductas ilícitas, incluida la corrupción, un fenómeno analizado  
anteriormente en esta unidad y cuyos orígenes se extienden hasta la antigüedad.  
Además, el lavado de activos se asocia con otros delitos como el tráfico de  
drogas, la trata de personas, el robo y la estafa, entre otros. Estas actividades  
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ilícitas, que también pueden ser sometidas al proceso de blanqueo de capitales,  
se integran frecuentemente en el sistema económico de manera tal que ni el  
Estado ni la sociedad logran identificar o conocer su origen.  
Por otro lado, el proceso de lavado de activos conlleva a la inyección de dinero  
en la economía de manera que distorsiona sus fundamentos, provocando  
efectos como el aumento de precios, la escasez de ciertos bienes y servicios, el  
enriquecimiento de una pequeña fracción de la población, la corrupción de  
autoridades y el compromiso ético de amplios sectores sociales. En este  
contexto, el sector bancario juega un rol crucial al fortalecerse de manera  
desregulada; esto es, se observa un aumento de la oferta monetaria sin los  
debidos controles, reservas o registros adecuados. A nivel global, ciertos bancos  
encuentran en sus filiales de paraísos fiscales nuevas oportunidades para  
manejar capitales ilícitos sin generar intereses o beneficios por estos depósitos,  
a cambio de preservar el anonimato sobre el origen del dinero gracias al secreto  
bancario (Fernández et al., 2022). Según estimaciones de la UNODOC (2014),  
el volumen de dinero producto del lavado de activos representa entre el 2% y el  
5
% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, lo que equivale a una cantidad de  
entre 800 mil millones y 2 billones de dólares.  
En cuanto a Latinoamérica, las cifras relacionadas con el lavado de activos  
revelan impactos económicos negativos significativos tanto para los mercados  
como para las inversiones legítimas. La principal preocupación reside en cómo  
estos flujos financieros ilícitos fomentan la viabilidad económica de actividades  
delictivas, facilitando así su crecimiento y proliferación, tal como lo señala la  
ONUDC en 2011. Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar con  
seriedad y eficacia el problema del lavado de activos, dada su capacidad para  
socavar la estabilidad económica y la integridad social a nivel global y regional  
(Fernández et al., 2022).  
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE, 2019), proporcionó en su  
sitio web público dos definiciones clave sobre el lavado de activos. La primera  
describe el lavado de activos como el proceso mediante el cual se adquieren  
fondos a través de actividades ilícitas, los cuales son posteriormente invertidos  
en la economía nacional dando la impresión de legitimidad. El objetivo principal  
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de los criminales es ocultar el origen real de estos fondos. La segunda definición  
enfatiza en los mecanismos empleados para esconder los orígenes ilícitos del  
dinero, que pueden ser reintroducidos tanto en el país donde se cometió el delito  
como en el extranjero.  
Por lo tanto, el concepto de "ocultar" emerge como central en la comprensión del  
lavado de activos. Este término captura la esencia del delito: el intento del  
delincuente de disimular la procedencia de las ganancias ilícitas para evitar  
investigaciones criminales. Al hacerlo, el delincuente busca no solo protegerse  
sino también maximizar los beneficios de estos capitales ilícitos, inyectándolos  
en el sistema económico y financiero de su elección. Así, la actividad ilícita queda  
velada, permitiendo a los criminales perpetuar la vulneración de los derechos de  
las víctimas a través de las mismas prácticas ilegales que originaron los fondos  
a blanquear (UAFE, 2019).  
Figura 3. Diagrama del Lavado de Activos  
Nota: Tomado de El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado  
ecuatoriano por Alvarado, 2023.  
De acuerdo con la figura 1, el esquema analizado refleja que el lavado de activos  
es un proceso meticuloso y sistemático. No solo se origina a partir de un delito  
precedente, que proporciona los fondos ilícitos, sino que además requiere de  
una metodología sofisticada para esconder el origen de dichos recursos. Este  
proceso frecuentemente implica la complicidad de encubridores, un factor crítico  
que las investigaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)  
deben tomar en cuenta.  
La implicación de este análisis es que las autoridades regulatorias y de control  
deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas que se extiendan más allá de  
los individuos directamente involucrados en actividades sospechosas y  
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abarquen a aquellos que facilitan el ocultamiento de los capitales a ser  
blanqueados. Ambos, los ejecutores directos del delito y sus colaboradores,  
caen bajo el escrutinio de los organismos dedicados a la lucha contra el lavado  
de activos.  
De esta manera, resulta esencial asignar responsabilidades claras a las  
autoridades y al personal calificado que supervisa la ejecución y el control de  
transacciones financieras efectuadas por individuos y entidades en bancos,  
sociedades financieras, o cooperativas de ahorro y crédito. Esto tiene como  
objetivo fortalecer la vigilancia sobre los flujos financieros y detectar cualquier  
irregularidad en ellos, asegurando una transparencia en cuanto a la procedencia  
de los fondos. Tal enfoque favorecerá la detección precoz de movimientos  
financieros que no se alineen con los estándares normales de rendición de  
cuentas de entidades y personas naturales, potenciando así la efectividad de las  
medidas contra el lavado de activos.  
Normativa jurídica tributaria relacionada al lavado de activos  
La Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos  
y del Financiamiento de Delitos (2017) en Ecuador, establece un marco legal  
integral que aborda varios aspectos de la lucha contra el lavado de activos, con  
implicaciones directas en el ámbito tributario. Algunos artículos relevantes que  
vinculan la prevención del lavado de activos con la normativa tributaria incluyen:  
•
Artículo 3: Define las operaciones o transacciones económicas inusuales,  
injustificadas o sospechosas como aquellas que no coinciden con el perfil  
económico y financiero que la persona o entidad ha mantenido  
previamente y que carecen de justificación. Esto tiene implicaciones  
tributarias, ya que tales transacciones podrían señalar la evasión de  
impuestos o la ocultación de ganancias ilícitas.  
•
•
Artículo 4: Obliga a las instituciones del sistema financiero y de seguros a  
registrar y reportar transacciones significativas, lo que es esencial para la  
transparencia fiscal y la prevención del lavado de activos.  
Artículo 8: Se refiere a la obligación de declarar el ingreso o salida de  
cantidades iguales o superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos  
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de América o su equivalente en otras monedas, lo que tiene relevancia  
para el control de la evasión de impuestos y el movimiento de fondos  
ilícitos a través de las fronteras.  
•
Artículo 24: Establece sanciones por no declarar o declarar errónea o  
falsamente ante la autoridad aduanera, lo cual puede estar relacionado  
con la evasión de impuestos y el ocultamiento de la riqueza ilícita.  
La aplicación efectiva de estas disposiciones ayuda a asegurar que los individuos  
y entidades cumplan con sus obligaciones tributarias y a detectar cualquier  
intento de introducir en el sistema económico ganancias obtenidas a través de  
actividades ilícitas. La normativa tiene como objetivo salvaguardar la integridad  
del sistema financiero y fiscal, así como prevenir delitos financieros complejos  
como el lavado de activos.  
La Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito del Lavado de Activos  
y del Financiamiento de Delitos en Ecuador (2017) establece una serie de  
disposiciones que se entrelazan con la legislación tributaria, especialmente con  
la Ley de Régimen Tributario Interno, aunque no siempre de forma directa.  
Una de las reformas más relevantes mencionadas en la Ley de Lavado de  
Activos relacionadas con el ámbito tributario es la reforma al artículo 298 del  
Código Orgánico Integral Penal, que estipula la penalización de actos que  
impliquen engaño a la Administración Tributaria para eludir obligaciones  
tributarias o el pago de impuestos. Específicamente, se añadió un numeral que  
sanciona la utilización de personas naturales o jurídicas interpuestas o  
fantasmas, tanto nacionales como extranjeras, con el propósito de evadir  
obligaciones tributarias.  
Además, se establece que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)  
tiene la facultad de solicitar y recibir información, incluida la de carácter tributario,  
para analizar operaciones inusuales o sospechosas. En este sentido, los sujetos  
obligados a informar no pueden oponer sigilo o reserva bancaria, profesional o  
fiscal para negar el acceso o retrasar la entrega de información solicitada por la  
UAFE.  
También se menciona que la Junta de Política y Regulación Monetaria y  
Financiera, en su papel de ente rector, emite políticas y regulaciones que  
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incluyen la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. Esto  
sugiere que la Junta puede establecer normativas que impacten en cómo las  
instituciones financieras y otros sujetos obligados manejan las cuestiones  
tributarias en relación con la prevención del lavado de activos.  
Las operaciones y transacciones reportadas que superen ciertos umbrales,  
incluidas las realizadas con jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales,  
están sujetas a ser informadas a la UAFE. Este tipo de transacciones suele tener  
implicaciones tributarias, ya que los paraísos fiscales se utilizan comúnmente  
para evadir impuestos.  
Por lo tanto, aunque la Ley de Prevención de Lavado de Activos no modifica  
directamente la Ley de Régimen Tributario Interno, establece un marco legal que  
obliga a la cooperación y el intercambio de información entre las entidades  
financieras, la UAFE y las autoridades tributarias. Esto incluye compartir datos  
que pueden revelar elusión o evasión tributaria, que son delitos precursores  
comunes del lavado de activos.  
Normativa jurídica societaria relacionada al lavado de activos  
La normativa societaria en Ecuador, referente al lavado de activos, se encuentra  
principalmente en la Ley de Compañías (2023), cuyos artículos relevantes  
incluyen disposiciones sobre el levantamiento del velo societario y las  
responsabilidades de los accionistas, administradores y empresas en casos de  
uso indebido de la compañía para actividades ilícitas, incluido el lavado de  
activos.  
El Artículo 17A de la Ley de Compañías establece la acción de levantamiento  
del velo societario, que puede ser interpuesta contra una compañía y aquellos  
individuos responsables que se encuentran detrás del "velo" corporativo, es  
decir, socios, accionistas o administradores que hayan utilizado la compañía  
para fines fraudulentos o dañosos. Esta acción busca atribuir responsabilidad  
personal y solidaria a quienes, aprovechándose de la compañía, hayan cometido  
actos de fraude o abuso. Es interesante notar que este artículo fue sustituido por  
una ley publicada en el Registro Oficial Suplemento 269 de 15 de marzo de 2023,  
lo que indica una actualización o reforma reciente en la materia.  
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Moreira-Basurto et al. (2024)  
El Artículo 17B establece que la acción de levantamiento del velo societario  
prescribirá en seis años contados desde el acto correspondiente o del último de  
ellos, si fueron varios. El Artículo 18 asigna a la Superintendencia de Compañías  
Valores y Seguros la responsabilidad de organizar un registro de sociedades  
basado en la información proporcionada por los funcionarios a cargo del Registro  
Mercantil. Esta disposición garantiza que haya un seguimiento y control sobre  
las actividades de las compañías y es crucial para detectar compañías que  
puedan estar involucradas en lavado de activos.  
Por su parte, el Artículo 19 aborda las consecuencias de no cumplir con la  
obligación de proporcionar información solicitada por la Unidad de Análisis  
Financiero y Económico (UAFE), incluyendo la posibilidad de imponer como  
medida cautelar la suspensión temporal del permiso para operar y, en caso de  
reincidencia, la cancelación definitiva del certificado de autorización de  
funcionamiento.  
Además, el Artículo 17 de la Ley de Compañías discute las circunstancias en las  
que la compañía, que goza de personalidad jurídica propia, puede ser utilizada  
en fraude a la ley o con fines abusivos, lo que puede resultar en la  
responsabilidad personal y solidaria de quienes hayan cometido tales actos.  
Estos artículos de la Ley de Compañías forman un marco que permite abordar y  
mitigar el lavado de activos desde una perspectiva societaria, promoviendo la  
transparencia y la responsabilidad dentro del entorno corporativo ecuatoriano.  
Además, estos se vinculan estrechamente con otras leyes y regulaciones  
nacionales destinadas a combatir el lavado de activos y establecen la  
cooperación interinstitucional como un medio para fortalecer los esfuerzos de  
prevención y control.  
Normativa jurídica mercantil relacionada al lavado de activos  
El Código Orgánico Monetario y Financiero en Ecuador, mediante su articulado,  
establece bases para el control, supervisión y regulación del sistema financiero,  
lo que indirectamente contribuye a la prevención y detección del lavado de  
activos. Aunque en los extractos revisados no se mencionan explícitamente  
disposiciones directamente relacionadas con el lavado de activos, varios  
artículos establecen un marco que facilita la identificación y gestión de riesgos  
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Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 7, Núm. 13 (Ed. Esp. Marzo 2024) ISSN: 2737-6354.  
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Lengua y Literatura.  
asociados a esta práctica ilícita. Aquí se resaltan algunos de estos artículos  
relevantes:  
•
•
Artículo 1: Establece el objeto del Código, que es regular los sistemas  
monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del  
Ecuador, creando un entorno propicio para la prevención del lavado de  
activos mediante la regulación y supervisión efectiva de estas áreas  
críticas.  
Artículo 3: Detalla los objetivos del Código, entre los que se incluyen  
asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de  
valores y seguros sea consistente e integrado, así como proteger los  
derechos de los usuarios de estos servicios, lo cual es fundamental para  
establecer un sistema financiero transparente y resistente al abuso por  
actividades de lavado de activos.  
•
•
Artículo 4: Describe los principios del Código, incluyendo la prevalencia  
del ser humano sobre el capital y la subordinación del ámbito monetario  
financiero de valores y seguros al servicio de la economía real, principios  
que subyacen a la prevención del lavado de activos.  
Artículo 5: Se refiere a la política que la Función Ejecutiva debe seguir en  
materia monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, así como de seguros  
y valores, buscando objetivos alineados con la prevención del lavado de  
activos, como asegurar una distribución adecuada del ingreso y la riqueza  
nacional.  
•
•
Artículos 7 y 8: Tratan sobre el conflicto de intereses y las restricciones a  
los funcionarios de los organismos de regulación y control, lo que  
contribuye a un marco ético y transparente esencial para combatir el  
lavado de activos.  
Artículo 9: Enfatiza la necesidad de coordinación entre los organismos de  
regulación y control para el cumplimiento de sus fines, incluyendo el  
intercambio de información relacionada con entidades sujetas a  
regulación y control, lo cual es crucial para identificar y prevenir  
operaciones sospechosas de lavado de activos.  
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Moreira-Basurto et al. (2024)  
•
•
Artículo 17: Habla sobre la información reservada y cómo se debe  
manejar, lo que implica un manejo cuidadoso de la información sensible  
que podría estar relacionada con investigaciones de lavado de activos.  
Artículo 27: Define el objetivo del Banco Central del Ecuador en términos  
de fomentar y mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la  
estabilidad financiera y administrar su balance para preservar la integridad  
de la dolarización, lo que incluye el manejo seguro y eficiente de los  
sistemas y medios de pago, elementos todos relacionados indirectamente  
con la prevención del lavado de activos.  
•
Artículo 96 se refiere a las remesas de dinero físico para garantizar el  
circulante en la economía, indicando que estas operaciones deben  
cumplir con las disposiciones de la Ley de Prevención, Detección y  
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.  
Esto implica un control estricto sobre el movimiento transfronterizo de  
efectivo, un canal comúnmente utilizado para el lavado de activos.  
Artículo 243 señala que las infracciones sobre lavado de activos y  
financiamiento de delitos como el terrorismo se sancionarán de acuerdo  
con las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal y la Ley de  
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y  
Financiamiento de Delitos. Esto establece un enlace directo entre las  
regulaciones del sistema financiero y la legislación penal específica que  
aborda estos delitos, asegurando un marco legal coherente para su  
sanción.  
•
•
Artículo 244 obliga a las entidades del sistema financiero nacional a  
establecer sistemas de control interno específicos para la prevención de  
delitos, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como  
el terrorismo. Esto implica que todas las operaciones financieras deben  
ser monitoreadas y controladas para prevenir y detectar cualquier indicio  
de actividades ilícitas.  
•
Artículo 245 y Artículo 246 no abordan directamente el lavado de activos,  
pero establecen requisitos de transparencia y divulgación de información  
por parte de las entidades financieras a sus accionistas, socios y usuarios  
financieros. Esta transparencia es crucial para prevenir el lavado de  
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Lengua y Literatura.  
activos, ya que facilita la supervisión y el análisis de las actividades  
financieras.  
Estos artículos subrayan el compromiso del sistema financiero ecuatoriano con  
la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos, estableciendo  
un marco legal que integra medidas preventivas y de control, transparencia y  
reporte, y sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones. La  
interacción entre el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras leyes  
relevantes enfatiza la importancia de una estrategia coordinada y multifacética  
para combatir efectivamente estas actividades ilícitas.  
2
. METODOLOGÍA  
El diseño de la presente investigación sobre el lavado de activos en Ecuador, en  
materia tributaria, societaria y mercantil, será de tipo no experimental y  
documental. Esto implica que se realizará un análisis profundo y sistemático de  
la información y datos existentes sobre el tema, sin manipular o alterar el entorno  
o las variables de estudio. La investigación documental permite recopilar,  
analizar y sintetizar datos de fuentes secundarias para construir un cuerpo  
coherente de conocimiento sobre el lavado de activos y su impacto en las esferas  
tributaria, societaria y mercantil del Ecuador.  
El enfoque de la presente investigación, es de tipo cualitativo. Este enfoque se  
centra en comprender las dinámicas, percepciones y significados del fenómeno  
del lavado de activos desde una perspectiva profunda y contextualizada, en lugar  
de cuantificarlo a través de datos numéricos. A través de este enfoque, se  
buscará explorar las complejidades y matices que caracterizan al lavado de  
activos, incluyendo su impacto en la sociedad ecuatoriana, las políticas de  
prevención y control, y los desafíos legales y regulatorios asociados.  
Por lo tanto, la investigación se centrará en identificar y seleccionar una serie de  
fuentes y casos que, en conjunto, ofrezcan una visión comprensiva y detallada  
del estado actual del lavado de activos en Ecuador. Esta aproximación permite  
una flexibilidad que es fundamental para el enfoque cualitativo, facilitando una  
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Moreira-Basurto et al. (2024)  
exploración en profundidad de las dimensiones legales, económicas, sociales y  
políticas del lavado de activos en el país.  
3
. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Fortalecimiento del marco legal local e internacional entre países  
El estudio realizado por Banchón y Suqui (2020) destaca la complejidad y la  
evolución del entendimiento del lavado de activos, especialmente en el contexto  
ecuatoriano y bajo las regulaciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP).  
Este análisis revela cómo el lavado de activos se ha conceptualizado no solo en  
relación con el narcotráfico sino también con una variedad más amplia de delitos  
precedentes, marcando un desarrollo significativo hacia su reconocimiento como  
un delito autónomo.  
La importancia de esta investigación radica en su enfoque sistemático y  
dogmático para comprender la naturaleza e influencia del delito previo dentro de  
los procesos penales en Ecuador. Los autores argumentan sobre la importancia  
de delinear claramente la normativa internacional y su aplicación en el marco  
jurídico penal ecuatoriano, lo que demuestra cómo las definiciones y las  
concepciones del lavado de activos y del delito previo han evolucionado con el  
tiempo.  
Un punto crucial del análisis es la autonomía del delito de lavado de activos  
respecto al delito previo. Inicialmente ligado estrechamente a delitos graves  
como el narcotráfico, el lavado de activos ha adquirido una identidad más  
independiente, permitiendo una mayor flexibilidad y eficacia en su persecución.  
Esta evolución refleja un cambio significativo en la percepción legal y en las  
estrategias para combatir el lavado de activos, pasando de ser visto como una  
mera técnica legislativa a ser considerado un delito con sustantividad propia.  
Dentro del estudio, se subraya cómo el marco legal ecuatoriano, a través del  
COIP, ha incorporado estas nociones, adaptándose a las recomendaciones  
internacionales y estableciendo un sistema legal más robusto contra el lavado  
de activos. Destaca, en particular, la relación entre el lavado de activos y su delito  
precedente, argumentando que, aunque el delito de lavado de activos opera con  
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cierta autonomía, sigue siendo esencial identificar y entender el delito previo para  
asegurar una persecución efectiva.  
En esta misma línea, de acuerdo con Ortiz et al. (2021), ofrecen una visión  
integral sobre los esfuerzos y estrategias implementadas en países tales como  
Ecuador y Colombia para combatir el lavado de activos. Este estudio resalta  
cómo estas naciones enfrentan desafíos similares y adoptan medidas  
específicas para mitigar los riesgos asociados con esta actividad ilícita que afecta  
no solo a los sectores financiero, tributario y mercantil, sino también a la  
estabilidad económica y social en general.  
El lavado de activos es identificado como un fenómeno global que fortalece  
mercados ilícitos extra bancarios mediante operaciones cada vez más  
complejas, lo cual representa un desafío significativo para la economía de los  
países involucrados, incluido Ecuador, que se encuentra en una zona geográfica  
caracterizada por altos niveles de corrupción. La dolarización de la economía  
ecuatoriana ha intensificado el impacto del lavado de activos, transformando al  
país no solo en un punto de tránsito para drogas y otros bienes ilegales sino  
también en un centro para el lavado de dichos activos.  
Dentro de las medidas para combatir este delito, está el fortalecimiento del marco  
legal y la cooperación internacional los cuales son fundamentales en la lucha  
contra el lavado de activos en Ecuador. La legislación ecuatoriana, a través del  
Código Orgánico Integral Penal (COIP), especifica en su Artículo 317 las  
diversas formas de participación en el delito de lavado de activos, cubriendo  
desde la adquisición y manejo de activos de origen ilícito hasta su ocultamiento  
y la facilitación de estas actividades mediante estructuras corporativas o  
financieras (OECO-PADF, 2023). Este marco legal destaca por su intento de  
abarcar las múltiples facetas y métodos empleados en el lavado de activos,  
adaptándose a las complejidades de este delito transnacional.  
La complejidad del delito de lavado de activos se debe, en parte, a la  
multiplicidad de verbos rectores y a la gradación punitiva basada en criterios  
cuantitativos, reflejando la necesidad de armonizar el ordenamiento jurídico  
interno con los estándares internacionales. Esto plantea desafíos interpretativos  
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Moreira-Basurto et al. (2024)  
que pueden afectar la seguridad jurídica, dada la amplia gama de posibles  
adecuaciones típicas de las conductas relacionadas con el lavado de activos.  
Para enfrentar estos desafíos, es imprescindible una cooperación internacional  
efectiva. Las organizaciones y convenios internacionales como el Grupo de  
Acción Financiera Internacional (GAFI) proveen un marco de recomendaciones  
y estándares para combatir el lavado de activos y el financiamiento del  
terrorismo, enfocados en la transparencia financiera y el intercambio de  
información entre países. Ecuador ha tomado pasos significativos para alinear  
sus leyes y prácticas con estas recomendaciones internacionales, mejorando su  
capacidad para actuar en contra de estas redes transnacionales.  
Un enfoque proactivo para el fortalecimiento del marco legal implica no solo la  
actualización constante de las leyes y regulaciones para cerrar cualquier brecha  
que los delincuentes puedan explotar sino también el fomento de la colaboración  
entre el sector público y privado. Esto incluye la capacitación de operadores  
judiciales y el fomento de la cultura de cumplimiento dentro de las instituciones  
financieras y empresas, para asegurar una implementación efectiva de las  
normas de prevención del lavado de activos.  
La lucha contra el lavado de activos en Ecuador y en la región requiere de un  
compromiso continuo con la revisión y fortalecimiento del marco legal y la  
promoción de la cooperación internacional, así como de esfuerzos conjuntos  
entre los gobiernos, el sector financiero, y la sociedad civil. Este enfoque integral  
y colaborativo es esencial para mitigar los riesgos asociados con el lavado de  
activos y para proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero global.  
Inclusión de nuevos sectores y tecnología  
La inclusión de nuevos sectores y tecnologías en la lucha contra el lavado de  
activos es una necesidad imperante en la realidad financiera contemporánea de  
Ecuador. De acuerdo con De la Torre (2018) resalta la importancia de adaptar el  
marco legal y regulatorio para abordar las amenazas emergentes y las  
innovaciones tecnológicas que pueden ser explotadas para fines ilícitos. En este  
contexto, la expansión de la vigilancia a sectores no tradicionales y la adopción  
de avances tecnológicos se convierten en pilares fundamentales para un  
enfoque proactivo.  
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Lengua y Literatura.  
La rápida evolución de las tecnologías financieras, especialmente en el ámbito  
de las criptomonedas y los servicios de pago digital, plantea desafíos  
significativos para los marcos regulativos existentes. Las criptomonedas, por su  
naturaleza descentralizada y la posibilidad de realizar transacciones anónimas,  
pueden facilitar el ocultamiento del origen ilícito de fondos, lo que subraya la  
necesidad de regulaciones específicas que aborden estos riesgos. La  
implementación de tecnologías de registro distribuido (DLT), como blockchain,  
aunque ofrece oportunidades para mejorar la transparencia y la eficiencia,  
también requiere un entendimiento profundo y una regulación adecuada para  
prevenir su mal uso.  
Además, el creciente papel de las plataformas de pago en línea y los  
proveedores de servicios de transferencia de dinero digital exige una revisión de  
las prácticas de debida diligencia y monitoreo. Estos servicios, que facilitan la  
rápida transferencia de fondos a nivel global, pueden ser utilizados para  
dispersar rápidamente activos ilícitos a través de fronteras internacionales,  
eludiendo los controles tradicionales. Por ello, es crucial que el marco legal  
incluya disposiciones que obliguen a estos proveedores a implementar medidas  
de prevención del lavado de activos, tales como la identificación y verificación de  
la identidad de sus usuarios, así como el reporte de transacciones sospechosas.  
Para hacer frente a estas complejidades, se propone fortalecer la cooperación  
intersectorial y la capacitación especializada para los entes reguladores y sujetos  
obligados en el uso y supervisión de nuevas tecnologías financieras. Esto implica  
no solo una actualización normativa constante sino también el desarrollo de  
capacidades analíticas para interpretar los patrones de transacciones que  
podrían indicar prácticas de lavado de activos a través de medios digitales.  
Por ende, la inclusión de nuevos sectores y tecnologías en la estrategia nacional  
contra el lavado de activos es esencial para asegurar un ecosistema financiero  
robusto y resiliente en Ecuador. Ello requiere un esfuerzo coordinado que  
abarque desde la actualización legislativa hasta el fortalecimiento de las  
capacidades de supervisión y análisis, pasando por una colaboración efectiva  
entre los diferentes actores del sistema financiero y las autoridades reguladoras.  
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Creación de Grupos Multidisciplinarios Articulados  
En base a lo señalado por Fernández et al. (2022) la creación de grupos  
multidisciplinarios articulados emerge como una estrategia esencial en la lucha  
contra el lavado de activos, especialmente en contextos como el Ecuador donde  
el impacto de este delito trasciende las barreras sectoriales, afectando tanto al  
sector empresarial como al económico y social en general. Estos grupos  
constituyen equipos de trabajo compuestos por profesionales de diversas áreas  
de especialización, tales como el derecho, la economía, las finanzas, la  
tecnología de la información, entre otros, que colaboran con el objetivo común  
de desarrollar e implementar estrategias efectivas contra el lavado de activos.  
La importancia de estos grupos radica en su capacidad para abordar el problema  
desde múltiples perspectivas, aprovechando la experiencia y el conocimiento  
específico de cada miembro para identificar vulnerabilidades, proponer  
soluciones innovadoras y adaptar las mejores prácticas internacionales al  
contexto local. Al contar con una visión integral del problema, estos equipos  
pueden diseñar medidas de prevención, detección y respuesta más eficaces,  
que consideren tanto los aspectos legales y reglamentarios, como los operativos  
y tecnológicos.  
Además, los grupos multidisciplinarios articulados facilitan la cooperación entre  
el sector público y privado, promoviendo un diálogo constructivo y el intercambio  
de información relevante para prevenir y combatir el lavado de activos. Esta  
colaboración es clave para superar los desafíos asociados a la detección  
temprana de operaciones sospechosas, la persecución efectiva de los delitos  
precedentes y el fortalecimiento del marco normativo y de supervisión (Cordero  
et al., 2014).  
Para maximizar su efectividad, estos grupos deben estar dotados de recursos  
adecuados y contar con el apoyo institucional necesario que les permita operar  
con autonomía y tomar decisiones basadas en el análisis riguroso de datos y  
evidencias. Asimismo, es fundamental que sus acciones se enmarquen dentro  
de una política pública clara contra el lavado de activos, que defina objetivos  
estratégicos, metas específicas y mecanismos de seguimiento y evaluación.  
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Lengua y Literatura.  
En conclusión, la creación de grupos multidisciplinarios articulados representa  
un paso adelante en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para  
enfrentar el lavado de activos, contribuyendo no solo a la seguridad financiera y  
económica del país, sino también a su integridad y desarrollo sostenible. La  
colaboración estrecha entre expertos de diferentes disciplinas y sectores es  
esencial para abordar de manera efectiva este fenómeno complejo y  
multifacético, asegurando un entorno empresarial más transparente y confiable.  
4. CONCLUSIONES  
El análisis crítico-jurídico sobre el lavado de activos en la legislación ecuatoriana,  
contemplado en este trabajo, destaca la complejidad y los desafíos inherentes a  
este fenómeno en los ámbitos tributario, societario y mercantil. Los esfuerzos por  
fortalecer el marco legal local e internacional, la inclusión de nuevos sectores y  
tecnologías, y la creación de grupos multidisciplinarios articulados, son ejes  
fundamentales identificados para la detección temprana y la lucha efectiva contra  
el lavado de activos.  
El estudio resalta cómo el lavado de activos no solo afecta la estabilidad  
económica y financiera de Ecuador, sino que también impacta negativamente en  
el desarrollo social y empresarial del país. La evolución del marco legal, reflejada  
en la adaptación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras legislaciones  
relevantes, muestra un compromiso por parte del Estado ecuatoriano para  
alinearse con estándares internacionales y abordar este desafío de manera  
integral.  
La investigación subraya la importancia de una cooperación internacional  
efectiva y de la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la  
capacidad de detección y prevención de actividades de lavado de activos.  
Además, se reconoce la necesidad de una participación activa y consciente de  
la sociedad ecuatoriana para contrarrestar este fenómeno, promoviendo la  
transparencia y la integridad en el sistema financiero y en el entorno empresarial.  
Finalmente, este trabajo propone un enfoque proactivo que integra el  
fortalecimiento del marco legal, la colaboración entre diferentes sectores, la  
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adopción de innovaciones tecnológicas y la formación de equipos  
multidisciplinarios. Estas medidas, al ser implementadas de manera coordinada,  
podrían significar un avance sustancial en la prevención del lavado de activos y  
en la promoción de un desarrollo económico sostenible y justo para Ecuador.  
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