Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 7, Núm. 14 (Ed. Especial Agosto 2024) ISSN: 2737-6354.  
El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
DOI: https://doi.org/10.46296/rc.v7i14edespag.0294  
El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y  
desafíos en la reparación integral  
The role of the victim in the ecuadorian criminal process: advances  
and challenges in integral reparation  
Cervantes-Diaz Darío Javier  
Universidad Estatal de Milagro. Milagro, Ecuador.  
Correo: dcervantesd@unemi.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-2791-4005  
Sánchez-Vallejo José Luis  
Universidad Estatal de Milagro. Milagro, Ecuador.  
Correo: jsanchezv19@unemi.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0003-2365-1885  
Moreira-Vinueza Jonathan Javier  
Universidad Estatal de Milagro. Milagro, Ecuador.  
Correo: jmoreirav7@unemi.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-6983-9822  
Hernández-Córdova Helen  
Universidad Estatal de Milagro. Milagro, Ecuador.  
Correo: hhernandezc@unemi.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7076-3797  
RESUMEN  
El estudio aborda la evolución del rol de las víctimas en el proceso penal ecuatoriano, destacando  
los avances normativos desde la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en  
2014, en comparación con las disposiciones previas del Código Penal y el Código de  
Procedimiento Penal. Esta transformación normativa refleja un esfuerzo por garantizar los  
derechos de las víctimas, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos y  
principios de justicia restaurativa. La investigación utiliza una metodología cualitativa, con un  
diseño no experimental y un enfoque descriptivo-documental. Se analizaron documentos legales  
nacionales, como el COIP y la Constitución de 2008, junto con instrumentos internacionales  
relacionados con los derechos de las víctimas. También se incluyeron fuentes académicas y  
jurisprudencia ecuatoriana, permitiendo evaluar la concordancia entre la normativa y su  
aplicación en la práctica. El análisis concluye que, aunque el COIP representa un avance  
significativo al reconocer a las víctimas como sujetos procesales y garantizar mecanismos de  
reparación integral, persisten desafíos en su implementación. Entre estos se destacan la rigidez  
en los procesos de conciliación, la insuficiente efectividad en la reparación integral y la limitada  
participación activa de las víctimas en ciertas etapas procesales. Finalmente, el estudio sugiere  
que un enfoque más humanista y restaurativo, junto con medidas proactivas de política pública,  
podría fortalecer la posición de las víctimas en el sistema penal ecuatoriano y garantizar una  
justicia más inclusiva.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 23 de mayo de 2024.  
Fecha de aceptación: 25 de julio de 2024.  
Fecha de publicación: 29 de agosto de 2024.  
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Cervantes-Diaz et al. (2024)  
Palabras claves: rol de la víctima, proceso penal ecuatoriano, Código Orgánico Integral Penal  
(
COIP), relación integral, avances y desafíos.  
ABSTRACT  
The study addresses the evolution of the role of victims in the Ecuadorian criminal process,  
highlighting the regulatory advances since the promulgation of the Comprehensive Organic  
Criminal Code (COIP) in 2014, compared to the previous provisions of the Criminal Code and the  
Criminal Procedure Code. This regulatory transformation reflects an effort to guarantee the rights  
of victims, aligning with international human rights standards and principles of restorative justice.  
The research uses a qualitative methodology, with a non-experimental design and a descriptive-  
documentary approach. National legal documents were analyzed, such as the COIP and the 2008  
Constitution, along with international instruments related to victims' rights. Academic sources and  
Ecuadorian jurisprudence were also included, allowing to evaluate the concordance between the  
regulations and their application in practice. The analysis concludes that, although the COIP  
represents a significant advance in recognizing victims as procedural subjects and guaranteeing  
mechanisms for comprehensive reparation, challenges persist in its implementation. These  
include the rigidity of the conciliation processes, the insufficient effectiveness of comprehensive  
reparation and the limited active participation of victims in certain procedural stages. Finally, the  
study suggests that a more humanistic and restorative approach, together with proactive public  
policy measures, could strengthen the position of victims in the Ecuadorian penal system and  
guarantee more inclusive justice.  
Keywords: role of the victim, Ecuadorian criminal process, Comprehensive Organic Criminal  
Code (COIP), comprehensive relationship, progress and challenges.  
1. INTRODUCCIÓN  
El sistema de justicia penal convencional, que originalmente se basaba en el  
paradigma inquisitivo y, posteriormente, en el marco acusatorio, relegaba a las  
víctimas a una situación de subordinación, lo que limitaba su participación  
proactiva en los procedimientos legales. De hecho, este paradigma redujo su  
condición a la de simples entidades pasivas, al no garantizar adecuadamente  
sus derechos ni facilitar su acceso a la justicia (Morales Brand, 2019).  
Sin embargo, la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en  
2
008 precipitó una transformación significativa en el marco jurídico nacional  
(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Esta arquitectura  
constitucional, caracterizada por centrarse en las garantías y los derechos, situó  
a las víctimas en el centro del sistema judicial. Posteriormente, la implementación  
del Código Penal Orgánico Integral (COIP) en 2014 reforzó este avance,  
integrando principios esenciales como el respeto por la dignidad humana, el  
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El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
derecho a una reparación integral y la promoción de la participación activa en las  
diversas fases procesales (República del Ecuador, 2014).  
Estas modificaciones significan una alineación con las normas internacionales  
de derechos humanos, adoptando un paradigma progresista que aspira a  
equilibrar los derechos del debido proceso tanto de los acusados como de las  
víctimas. En consecuencia, el sistema de justicia penal ecuatoriano ha avanzado  
hacia un modelo más inclusivo, que reconoce a las víctimas como sujetos legales  
completos, facultados para buscar justicia y obtener reparación por las  
transgresiones sufridas.  
En este sentido, el papel de las víctimas en los procesos penales ecuatorianos  
ha evolucionado significativamente, pero siguen existiendo desafíos para  
garantizar una reparación integral. Si bien las reformas recientes han tenido  
como objetivo mejorar la participación y los derechos de las víctimas, la  
implementación de estas medidas a menudo es insuficiente, lo que requiere más  
avances legales y procesales.  
Bajo esta panorámica existe un marco legal que ampra los derechos de las  
víctimas, como el sistema legal de Ecuador reconoce a las víctimas como  
participantes activas, otorgándoles el derecho a la información y la protección  
durante los procesos. Sin embargo, la ausencia de disposiciones legales  
explícitas que prevean medidas proactivas, como las medidas cautelares al inicio  
de los casos, limita la reparación efectiva (Quinde-Orellana et al., 2022).  
Por otro lado, existen un conjunto de desafíos en referencia al rol de la víctima  
en el proceso penal, como el hecho en delitos sexuales se enfrentan a  
dificultades particulares, ya que los procesos judiciales actuales suelen exigirles  
que inicien acciones de reparación por separado, lo que socava sus derechos  
constitucionales (Lindo-Llerena & Medina-Medina, 2023). La falta de un  
mecanismo sólido para hacer valer la indemnización por los daños y perjuicios  
complica aún más la situación, ya que las víctimas pueden tener dificultades para  
recibir una reparación adecuada. Cada vez se reconoce más la necesidad de  
hacer declaraciones sobre el impacto de las víctimas y de una mayor  
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Cervantes-Diaz et al. (2024)  
participación en los procedimientos, lo que refleja un cambio hacia un enfoque  
más centrado en las víctimas en el sistema de justicia.  
2. DESARROLLO  
Antecedentes  
En la República del Ecuador, el marco legal que preside el intrincado y complejo  
ámbito de los procesos penales está encapsulado en el Código Orgánico Integral  
Penal (COIP), que sirve como un instrumento legal fundamental. En el texto del  
COIP, particularmente en su exposición de motivos, se hace mucho hincapié en  
el imperativo de salvaguardar los derechos e intereses de las víctimas de delitos  
penales, lo que subraya la importancia de la protección de las víctimas en el  
sistema de justicia penal. Desde su promulgación el 10 de febrero de 2014, el  
COIP se ha establecido como un estatuto legal integral, que abarca no solo el  
derecho penal sustantivo sino también las disposiciones procesales y de  
ejecución, y ha evolucionado a partir de sus antecedentes históricos, que  
incluyen el Código Penal anterior, el Código de Procedimiento Penal y el Código  
para la Ejecución de Sentencias y la Rehabilitación Social; en consecuencia,  
resulta esencial analizar y evaluar críticamente la manera en que se aborda y  
trata a las víctimas de delitos penales dentro de estas diversas normativas  
marcos.  
En el Código Penal (CP), que anteriormente estaba en vigor, que quedó obsoleto  
y derogado como resultado de la implementación del COIP, la terminología  
asociada al concepto de víctima se utilizó de manera recurrente, posicionando a  
la víctima dentro de varias clasificaciones de delitos penales como una entidad  
sujeta a impuestos o, alternativamente, permitiendo que la condición de la  
víctima sirviera como un factor que podría agravar la gravedad del delito,  
particularmente en los escenarios en los que la víctima era considerada  
vulnerable; por lo tanto, destaca el tratamiento matizado de las víctimas en  
relación con su victimización. Es particularmente en el marco del Código de  
Procedimiento Penal donde se hace referencia a los principios fundamentales  
que rigen los juicios preliminares, que estipulan que las protecciones otorgadas  
a los derechos de los acusados deben ser paralelas a las otorgadas a las  
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El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
víctimas, garantizando así que los derechos de todas las partes involucradas,  
incluidos el fiscal, el abogado defensor, el acusado y el acusador privado junto  
con sus representantes, se defiendan y respeten por igual durante todo el  
proceso judicial.  
Además, dentro de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (CPP),  
se estableció una correlación notable entre los términos víctima y parte ofendida,  
lo que llevó a la conclusión de que, en las discusiones sobre el principio de  
mínima intervención penal, se hizo especial hincapié en salvaguardar los  
derechos tanto de los acusados como de los que han sido ofendidos,  
reconociendo así a la parte ofendida como sujeto legítimo de un proceso legal,  
cuyos intereses y derechos deben tenerse debidamente en cuenta; y en los  
casos en que el delito la fiesta no está disponible, él también se reconocen los  
derechos de su cónyuge o miembros de la familia. También cabe destacar un  
aspecto procesal importante: cuando una parte ofendida llegaba a un acuerdo  
conciliatorio, si ese acuerdo no se cumplía, la parte ofendida tenía la facultad  
discrecional de continuar con el procedimiento legal o cumplir las condiciones  
del acuerdo, lo que permitía a la víctima tomar decisiones que se ajustaran a sus  
intereses y defendieran sus derechos dentro del marco legal. Por el contrario,  
según las estipulaciones actuales del COIP, como se explicará más adelante en  
este debate, el incumplimiento de dichos acuerdos implica su revocación, sin que  
quede otro recurso procesal alternativo que avanzar en el proceso penal.  
Por último, en lo que respecta al tratamiento y el reconocimiento de la víctima o  
la persona ofendida, es crucial señalar que el Código de Ejecución de Sentencias  
y Rehabilitación Social derogado no contiene referencias o consideraciones  
explícitas sobre las víctimas, lo que de hecho es coherente con el propósito de  
este marco regulatorio, ya que se diseñó principalmente para regir la  
implementación de las sentencias privativas de libertad y los procesos de  
rehabilitación de las personas encarceladas, desviando así su enfoque de la  
perspectiva de la víctima en el contexto de crimen y castigo.  
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Cervantes-Diaz et al. (2024)  
La victima  
Se considera a la persona o sujeto pasivo en relación con el delito en cuestión  
es aquella a la que se atribuye el derecho a iniciar una acción tanto privada como  
civil, que surja como consecuencia del acto delictivo (Quinde Orellana et al.,  
2
022). Esta persona también es la destinataria de la oferta de acciones y, si  
decide ejercer dichos derechos, se le reconocerá formalmente como parte en el  
proceso legal, siempre que su participación se produzca mediante la  
presentación de la queja correspondiente o mediante la participación activa en  
los procesos judiciales en curso, garantizando que esta participación se  
produzca antes de la emisión de calificaciones legales por escrito o acusaciones  
formales (Loja Yaucan et al., 2023).  
Por otro lado se puede determinar como la clasificación de una persona que sufre  
las repercusiones y consecuencias de un acto delictivo va más allá de la mera  
identificación del sujeto pasivo o del propietario legal del activo que se ve  
directamente afectado por el acto ilícito, que normalmente se reconoce como la  
víctima más inmediata (Jaramillo-Rambay et al., 2022); también abarca un  
espectro más amplio de personas que pueden sufrir los efectos del delito, que  
incluye otras víctimas tangibles o intangibles, ya sean directas o indirectas, como  
familiares, descendientes, la propia entidad corporativa, sus miembros, partes  
interesadas, acreedores y otras partes relacionadas que puedan verse afectadas  
por la conducta delictiva (López Erazo, 2022).  
A la luz de las observaciones articuladas anteriormente, es evidente que se  
define inequívocamente a la víctima como la persona que sufre las  
consecuencias adversas que se derivan de la comisión de un acto ilegal,  
específicamente el daño infligido a un bien legalmente protegido, por lo que se  
la designa como sujeto imponible del delito penal. En consecuencia, es  
fundamental reconocer que las víctimas pueden clasificarse como personas  
físicas o jurídicas. Por ejemplo, en el contexto de un delito que infringe la  
integridad sexual, particularmente dentro de los parámetros legales de la  
violación, se identifica a la víctima como la persona que experimenta un acceso  
carnal no consentido acompañado de amenazas (Salame Ortiz et al., 2020); por  
el contrario, en escenarios que involucran delitos contra el sistema económico,  
como el acto delictivo de inducir el pánico financiero que afecta negativamente a  
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integral.  
la estabilidad de una institución financiera, la propia entidad, como persona  
jurídica, sería reconocida como víctima (Fernandez Macias, 2023).  
Por lo tanto, se puede afirmar que una víctima abarca a cualquier persona física  
o jurídica que se haya visto afectada negativamente, directa o indirectamente,  
por la comisión de un delito penal (Matos Quesada, 2023); sin embargo, es  
imperativo establecer una distinción entre la víctima directa, que se caracteriza  
como el sujeto pasivo relevante para el delito, y la víctima indirecta, que no entra  
en esta clasificación. Cuando afirmamos que una persona ha sufrido un daño  
directo, nos referimos específicamente a la víctima directa, que es identificada  
como la propietaria del bien legal que se ve amenazado por la comisión del delito  
penal.  
La evolución normativa del rol de la víctima en Ecuador  
La evolución normativa del papel de la víctima en Ecuador ha sufrido cambios  
significativos, particularmente en el contexto de la violencia de género y las  
cuestiones más amplias de derechos humanos. El marco legal, conformado  
principalmente por el Código Penal Orgánico Integral (COIP), tiene como objetivo  
proteger a las víctimas y garantizar que sus derechos sean reconocidos en el  
sistema judicial. Esta evolución refleja una creciente sensibilidad hacia las  
necesidades de las víctimas, haciendo hincapié en la importancia del apoyo  
integral y el reconocimiento legal.  
De la misma forma la Constitución del Ecuador en el artículo 78 determina que  
Art. 78. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se  
les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y  
valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras  
formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral  
que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la  
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción  
del derecho violado (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).  
En la legislación vigente no se da un concepto de la víctima, pero según el COIP  
la víctima es un sujeto procesal junto con la persona procesada, la fiscalía y la  
defensa, lo que significa que tendría el carácter de principales, o sea aquellos  
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sin los cuales no puede existir un proceso; sin embargo, la presencia de la  
víctima, de acuerdo con el artículo 11 del COIP, es opcional, ya que en el numeral  
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dispone que puede proponer acusación particular, que no es obligatoria su  
participación en el proceso, y que también puede dejar de participar en cualquier  
momento. De la misma forma el COIP articula estos principios al reconocer a la  
víctima como sujeto procesal y detallar mecanismos para la reparación integral.  
Estas reformas han marcado un cambio de paradigma, pero su implementación  
sigue siendo desigual, lo que refleja tensiones entre la teoría normativa y la  
práctica jurídica (Machado Maliza et al., 2021).  
El art. 441 del COIP señala las personas que se consideran víctimas, y si  
relacionamos esta norma con el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal,  
encontraremos las siguientes diferencias:  
Los dos últimos números, 4 y 5 del artículo 68 del CPP, se mantienen en el  
artículo 441 del COIP; respecto a las personas que tienen interés directo en caso  
de infracciones que afecten a intereses colectivos o difusos; y a las  
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en aquellas infracciones que  
afecten colectivamente a los miembros del grupo.  
Los otros números del artículo 441 del COIP amplían el concepto de víctima  
incluyendo a las personas jurídicas públicas y al Estado, a los sujetos de  
derechos que individual o colectivamente han sufrido daño a un bien jurídico, de  
manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción.  
Los números 2, 3, y 4 del art. 441 del COIP hacen relación a las personas que  
han sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o  
perjuicio de sus derechos por efecto de una infracción penal. Esta descripción  
es genérica, lo que evidencia que las víctimas son las personas que sufren  
directamente cualquier tipo de daño como consecuencia de un delito, pero  
también se refiere al cónyuge o pareja en unión libre, incluso del mismo sexo, a  
los ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad  
primero de afinidad, y además a quienes compartan el hogar de las personas  
agresoras o agredidas en casos de delitos contra la integridad sexual y  
reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del  
núcleo familiar.  
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El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
De lo indicado se puede inferir que para el Código Integral Penal las víctimas no  
solamente son directas, sino también las indirectas.  
Respecto a los socios de las compañías, el artículo 441 amplía a los accionistas,  
pero limita a las legítimamente constituidas, lo que significa que los socios o  
accionistas de aquellas que no lo son no tienen la calidad de víctimas. Si bien es  
verdad que el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, se refiere a los  
ofendidos, no es menos cierto que esa calidad difiere de la víctima. No todos los  
ofendidos son víctimas, pero lo único que se ha hecho es trasladar el texto del  
artículo 68 al artículo 411 del COIP.  
Reparación integral  
Es imperativo reconocer que la incorporación de la reparación integral en el  
marco legal de Ecuador es un avance significativo que se deriva del avance  
progresivo de los derechos humanos, así como de la evolución transformadora  
que estos derechos han experimentado a lo largo de la historia, lo que refleja un  
profundo compromiso para abordar las injusticias. En el contexto del Sistema  
Interamericano de Derechos Humanos y la Constitución de la República del  
Ecuador, específicamente según lo establecido en los procedimientos de la  
Asamblea Nacional Constituyente de 2008, la reparación integral se reconoce  
formalmente y se establece como una medida restaurativa esencial destinada a  
beneficiar a las víctimas de violaciones de derechos y a sus respectivas familias,  
lo que subraya la importancia de la reparación en la búsqueda de justicia  
(Jaramillo-Rambay et al., 2022).  
Este concepto de reparación integral está intrincadamente integrado en el tejido  
de todas las ramas del derecho, lo que ilustra sus implicaciones y aplicaciones  
de gran alcance en varios ámbitos legales. De conformidad con el artículo 78 de  
la ley suprema de Ecuador, se afirma inequívocamente que el derecho a la  
reparación integral es un derecho inherente y fundamental que poseen las  
víctimas, particularmente cuando han sufrido un daño a cualquiera de los  
derechos que están salvaguardados por las protecciones legales otorgadas por  
el estado. El objetivo principal de la reparación integral es mitigar de manera  
efectiva los impactos adversos del daño infligido y tratar de restaurar la vida de  
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la víctima a un estado que se parezca mucho a su estado anterior a la violación,  
facilitando así el camino hacia la recuperación y la curación. A nivel internacional,  
está claramente articulado que la responsabilidad de garantizar una reparación  
adecuada por los daños infligidos a las personas recae predominantemente en  
el Estado, que está obligado a cumplir sus compromisos y garantizar el  
cumplimiento de estas medidas reparadoras. De acuerdo con la legislación  
ecuatoriana, la reparación integral se concibe como una medida restaurativa que  
puede abarcar formas de compensación tanto materiales como inmateriales, con  
el objetivo general de abordar y reparar el daño causado a las personas, en la  
mayor medida posible, reforzando así el compromiso del estado con la justicia y  
la restauración.  
Según la sentencia N. 004-13-SAN-CC de la Corte Constitucional: “La reparación  
integral en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es un verdadero derecho  
constitucional, y su titular es toda persona que considere que sus derechos  
reconocidos en la Constitución han sido vulnerados. Además, es un principio  
orientador que complementa y perfecciona la garantía de los derechos. Esta  
institución jurídica se encuentra presente en todo el marco constitucional de  
Ecuador y atraviesa el ejercicio de los derechos en diversas áreas. Por ejemplo,  
es obligatoria la reparación para las víctimas de delitos penales (artículo 78),  
para los consumidores que sufran engaños comerciales (artículo 52), para  
aquellos afecta-dos por casos de racismo o xenofobia contra comunidades  
indígenas (artículo 57), y en casos de afectaciones ambientales que puedan  
perjudicar a los ecosistemas (artículo 397)” (Corte Constitucional del Ecuador,  
2
013).  
Es inequívoco que, dentro del marco jurídico ecuatoriano, la salvaguardia de los  
derechos es de suma importancia para el Estado, y garantizar su plena  
realización constituye una de sus principales responsabilidades, tal como se  
establece en el artículo 3 de la Constitución. En este contexto, la reparación  
integral se materializa a través de los mecanismos constitucionales instituidos  
para la protección de los derechos, y se manifiesta de manera distinta y  
específica en los diversos ámbitos normativos. La reparación integral, como una  
construcción esencial en las sentencias constitucionales, ha sido ampliamente  
citada, particularmente en el ámbito del derecho internacional de los derechos  
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integral.  
humanos, debido a su objetivo principal de salvaguardar la dignidad humana.  
Estos principios y directrices se han incorporado tanto al marco normativo como  
a la jurisprudencia del Estado ecuatoriano, tras la transformación del paradigma  
constitucional. Al abordar la reparación integral, el bloque de constitucionalidad  
se refiere a la salvaguardia holística de la dignidad humana y los derechos  
inherentes de las personas. A nivel internacional, esta salvaguardia surge de los  
principios fundamentales de los derechos. La Subcomisión de Prevención de  
Discriminación y Protección a las Minorías está llevando a cabo actualmente una  
investigación sobre la reparación integral. En el ámbito del derecho internacional,  
existen proclamas vinculantes en las que se afirma que las personas tienen  
derecho a una indemnización por los derechos de los que se han apoderado  
ilícitamente. De esta manera, a través de las líneas jurisprudenciales  
establecidas, se delinean varias modalidades de reparación, como la restitución  
y la satisfacción. El objetivo de la reparación integral es rectificar, en la mayor  
medida posible, el derecho transgredido mediante la aplicación de medidas  
tangibles y proporcionadas de acuerdo con las exigencias de la víctima. La  
reparación debe ejecutarse in integrum, es decir, de manera completa; en  
consecuencia, es imperativo analizar el derecho violado y el alcance de su  
impacto en la persona y su contexto familiar. En el marco de la reparación  
integral, tal como se ha articulado anteriormente, hay criterios diseñados que  
deben cumplirse para garantizar su determinación efectiva y su posterior  
aplicación en favor de la víctima. Uno de los elementos a los que se hace  
referencia, según Santacruz & Erazo (2023), es la existencia de un sujeto  
titulado, que pertenece a la persona a la que se ha infligido la violación de los  
derechos, comúnmente reconocida como la víctima. Esta designación se  
confiere a una persona a través de un decreto judicial, específicamente cuando  
se ha dictado una sentencia definitiva. Este elemento inicial también puede  
extenderse a las personas o a las personas cercanas a la víctima directa, en  
ausencia de esta última. De manera similar, la víctima puede identificarse como  
directa o indirecta, según lo articulado por la Corte Interamericana de Derechos  
Humanos.  
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Otro componente de la reparación integral es la afirmación, que se refiere al  
objetivo final en el que se basa la solicitud de reparación integral, dirigida  
invariablemente a la rectificación del daño sufrido. Para garantizar el fiel  
cumplimiento de este componente, es imprescindible aplicar medidas que  
puedan mejorar la reclamación de forma individual o colectiva. Esto representa  
el ideal de reparación por excelencia, dado que ciertos derechos son  
fundamentalmente inalcanzables para su restauración, como el de la  
inviolabilidad de la vida, por ejemplo. En consecuencia, la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos aclara que estas medidas tienen un carácter alternativo,  
ya que la reparación integral no es factible en todos los casos.  
Sin embargo, el objetivo sigue siendo mitigar, en la mayor medida posible, las  
repercusiones de la agresión, facilitando así el regreso de la víctima a su estado  
anterior. Este marco teórico ha sido objeto de un extenso análisis y desarrollo  
dentro de la jurisprudencia internacional y nacional. El paradigma imperante del  
neoconstitucionalismo, que se instituyó en Ecuador en 2008, abarca una amplia  
gama de derechos que permiten a las personas ejercer de manera efectiva sus  
derechos constitucionales. En este contexto, los jueces, como guardianes de los  
derechos, están facultados para ordenar la reparación de un derecho una vez  
que se haya establecido su violación, ya que esto constituye un derecho  
inherente de la víctima.  
En este sentido, Abad (2017) postula que la restitución otorgada a la víctima  
puede abarcar tanto una compensación monetaria o financiera, como medidas  
inmateriales; en otras palabras, estas medidas no pueden cuantificarse en  
términos monetarios, sino que, en esencia, sirven para honrar a la víctima por  
los agravios sufridos. Estas medidas, sean materiales o inmateriales, son  
totalmente independientes de los gastos en los que incurran la víctima o sus  
familiares durante el proceso judicial. La reparación de naturaleza tangible o  
económica exige invariablemente una compensación mediante el desembolso  
de una cantidad monetaria específica o, como mínimo, de algo de valor tangible,  
como la provisión de un bien o un artículo fungible. Esta asignación debe  
destinarse directamente a la víctima o, en su defecto, a las personas que se  
hayan visto afectadas indirectamente.  
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REICOMUNICAR. Vol. 7, Núm. 14 (Ed. Especial Agosto 2024) ISSN: 2737-6354.  
El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
Además, hay casos en los que la queja no puede cuantificarse en términos  
monetarios, por lo que es necesario establecer una reparación inmaterial. Según  
Machado et al (2017) “la reparación se hace de acuerdo con el tipo de violación,  
teniendo en cuenta el bien jurídico que se ha transgredido y la forma en que las  
consecuencias de los hechos afectaron al plan de vida de la víctima o a su  
entorno familiar” (p. 21). Dentro del fallo judicial, es fundamental articular de  
manera obligatoria y explícita la reparación integral que debe promulgarse en  
nombre de la víctima. En este contexto, Portillo Cabrera (2015) sostiene que esta  
disposición debe ser inequívoca, abarcar obligaciones individualizadas, ya sean  
afirmativas o negativas, delinear a la persona responsable de ejecutar la  
reparación y también debe especificar explícitamente el plazo, la manera y el  
lugar en que se realizará dicha reparación integral.  
Participación activa de la víctima en el proceso penal  
Cada vez se reconoce más que la participación activa de las víctimas en los  
procedimientos penales es imprescindible para garantizar la realización de la  
justicia y la afirmación de sus derechos. Esta participación no solo empodera a  
las víctimas, sino que también aumenta la integridad general del proceso judicial.  
Sin embargo, persisten obstáculos considerables en la ejecución de marcos  
efectivos para la participación de las víctimas en varias jurisdicciones (Holder &  
Englezos, 2023).  
La participación de las víctimas es fundamental para un marco de justicia penal  
eficaz. Independientemente de si el contexto es la justicia penal nacional o  
internacional, las víctimas contribuyen notificando a las autoridades su  
victimización, proporcionando declaraciones detalladas, ofreciendo la  
información pertinente, proporcionando pruebas, participando en las  
investigaciones, prestando declaración a los testigos, interviniendo en los  
contrainterrogatorios, presentando alegaciones para diversos objetivos y  
manteniendo una presencia durante todo el proceso (Lantz et al., 2019). La  
naturaleza de las contribuciones de las víctimas puede incluir, entre otros  
aspectos, detalles específicos sobre el evento de victimización y/o las  
perspectivas de las autoridades sobre las respuestas apropiadas.  
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Cervantes-Diaz et al. (2024)  
Una de las numerosas ventajas de su importancia es que la participación activa  
permite a las víctimas experimentar el empoderamiento y recuperar un sentido  
de autonomía sobre sus vidas tras la comisión de un delito. Este  
empoderamiento se basa en el principio de la dignidad humana, que es parte  
integral de la noción de participación de las víctimas en el sistema de justicia  
penal (Crawford & Goodey, 2024).  
La participación de las víctimas es vital para el reconocimiento y la salvaguardia  
de sus derechos dentro del marco legal. La función procesal de las víctimas es  
fundamental para su participación sustantiva y significativa en los procesos  
penales, garantizando así que sus puntos de vista sean reconocidos y  
considerados. Ayuda a abordar los problemas de desigualdad y discriminación  
que pueden surgir en el sistema legal. Al permitir que las víctimas participen  
activamente, el sistema puede representar con mayor precisión sus experiencias  
y necesidades, contribuyendo a un proceso judicial más equitativo (Blasdell et  
al., 2021). Se aborda una paradoja en la que el estado con frecuencia reclama  
la responsabilidad por la violación, lo que puede socavar el papel de la víctima.  
La participación activa sirve para equilibrar los intereses del Estado con los de la  
víctima individual, garantizando así que los derechos de esta última no queden  
eclipsados por el interés público.  
En este sentido el COIP otorga a las víctimas una serie de derechos procesales  
que incluyen: Iniciativa procesal: Las víctimas pueden presentar denuncias  
directamente ante las autoridades judiciales; Intervención en las audiencias: Se  
les permite asistir y expresar sus opiniones en las diferentes etapas del proceso;  
Acceso a la información: Tienen el derecho de ser informadas sobre los avances  
de la investigación y el proceso judicial y solicitar medidas cautelares:  
Especialmente en casos de violencia de género, las víctimas pueden pedir  
protección para garantizar su seguridad.  
En esta línea, la persecución de la acción penal se bifurca en la práctica privada  
y la práctica pública; solo en esta última se produce la intervención de la Fiscalía,  
por lo que es necesaria la participación indispensable de la parte agraviada en  
los casos de acción privada. La acción privada se refiere a aquellos delitos cuyo  
procesamiento se encomienda a la persona agraviada por mandato legislativo,  
lo que constituye la autoridad conferida por la ley para iniciar procedimientos  
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REICOMUNICAR. Vol. 7, Núm. 14 (Ed. Especial Agosto 2024) ISSN: 2737-6354.  
El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
relacionados con los delitos enumerados en el artículo 415 del COIP, que no son  
susceptibles de procesamiento de oficio sino que deben basarse en la iniciativa  
de la parte agraviada; esta disposición se articula como ventajosa, ya que la  
justicia no debe agravar el daño infligido al honor de la persona por la indignidad  
de un juicio, a pesar de cualquier caso personal quejas o aversiones (García,  
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014).  
En consecuencia, en situaciones penales específicas, el legislador ha  
establecido que el enjuiciamiento se dirija exclusivamente a quienes hayan  
sufrido la transgresión; por lo tanto, desde el principio del proceso, se requiere la  
voluntad de la parte agraviada mediante la presentación de una queja. En  
relación con estos delitos, debe reconocerse inequívocamente que el Estado  
salvaguarda los intereses legales que sufren daños como consecuencia de la  
perpetración de tales actos delictivos; sin embargo, postula que la imposición de  
sanciones dependerá de los intereses de la víctima. Con respecto a los intereses  
de la víctima, para el establecimiento de las sanciones, el Tribunal Constitucional  
del Ecuador ha articulado: Por lo tanto, la esencia o el atributo fundamental de  
los procedimientos pertinentes al ejercicio privado de la acción penal reside en  
el hecho de que el procesamiento del delito recae en la parte agraviada, en el  
entendido de que el bien jurídico objeto de protección no constituye una cuestión  
de interés público, ya que se refiere a facetas claramente privadas de la  
personalidad, con siendo el demandante la única persona conferido a la  
imposición de sanciones (Sentencia No. 005-17-SCN-CC, 2017).  
Dado el carácter indispensable de la presencia de la víctima en este proceso, el  
cese de dichos procedimientos puede producirse en cualquier momento. En los  
procedimientos unificados, especiales y expeditos destinados a la investigación  
y penalización de los delitos que involucran violencia contra las mujeres o los  
miembros de la unidad familiar, el Estado ecuatoriano, a través de su marco  
legislativo, otorga un enfoque diferenciado a los procesos en los que las  
personas agraviadas son históricamente más vulnerables a la comisión de  
delitos; en consecuencia, se han instituido normas distintas para su  
procesamiento y sanción, y la jurisdicción sobre estos delitos ha sido conferida  
a jueces y magistrados especializados.  
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Cervantes-Diaz et al. (2024)  
Este fenómeno refleja no solo una implementación nacional sino también un  
compromiso internacional con la prevención de la violencia y la protección de las  
mujeres y los miembros de la familia contra tales transgresiones. En este  
contexto, tal como se articula en Sosa (2023) las medidas promulgadas por el  
Estado se basan en la aplicación de los principios de igualdad y no  
discriminación, el interés superior del niño, la debida diligencia, la intervención  
inmediata y oportuna, la sencillez y la oralidad, la razonabilidad y la  
proporcionalidad; además, los enfoques para su aplicación se identifican como  
los de género, integración, interculturalidad, derechos humanos,  
interseccionalidad y consideraciones generacionales.  
En el marco del COIP, las disposiciones legislativas que rigen esta categoría de  
procedimiento se articulan en el artículo 651. Este mecanismo procesal puede  
iniciarse mediante la presentación de una denuncia; sin embargo, dado que se  
refiere a delitos que implican el ejercicio de una acción penal pública, no se  
requiere el consentimiento de la persona agraviada, ya que la obligación de  
procesar recae en la Oficina del fiscal general del Estado. Es imperativo  
reconocer que estos procedimientos tienen el mandato de facilitar el acceso  
rápido y eficaz a los servicios de justicia, diferenciando así sus plazos de los de  
los procedimientos estándar; por ejemplo, la evaluación y la audiencia  
preparatoria previas al juicio deben realizarse en un plazo máximo de cinco días  
a partir de la solicitud fiscal, mientras que, en los procedimientos ordinarios, estas  
reuniones se convocan dentro de los cinco días posteriores a la solicitud hecha  
por el representante de Fiscalía y deben llevarse a cabo dentro de un período no  
superior a quince días.  
Es fundamental hacer hincapié en que, en este contexto procesal, la presencia  
de la víctima no es obligatoria; sin embargo, la participación de la persona  
agraviada asume un papel fundamental. Esto es esencial para la posible  
suspensión del proceso, ya que la víctima debe tener la oportunidad de expresar  
sus puntos de vista sobre la reparación integral, que abarca la rehabilitación, la  
indemnización, las reparaciones simbólicas y las medidas destinadas a lograr la  
satisfacción y la no repetición. Lo único de este marco procesal son las  
estipulaciones relativas a la aplicación de la justicia restaurativa, que prioriza la  
participación directa de la víctima (Fernández et al., 2016).  
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El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
El reconocimiento del derecho de la víctima a participar en el proceso de  
ejecución se alinea con los objetivos de aumentar su confianza en el sistema de  
justicia penal y aumentar su eficacia al proporcionar a las víctimas vías de  
colaboración con las entidades estatales encargadas de hacer cumplir los  
mandatos judiciales, que en última instancia serán responsables de tomar las  
decisiones sobre la ejecución de las sentencias, teniendo en cuenta todas las  
circunstancias pertinentes del caso (Jaen et al., 2016).  
La necesidad de la participación directa de la víctima se ve subrayada por el  
hecho de que la fase dedicada a la aplicación de la justicia restaurativa se inicia  
únicamente a instancias de la víctima; durante esta fase, la víctima puede  
articular las ramificaciones que el delito ha impuesto a su vida, con la opción de  
retirarse del proceso en cualquier momento que desee. En última instancia, si se  
logra un consenso con la parte infractora, para que el proceso restaurativo se  
considere efectivo, la adhesión a este acuerdo es imprescindible (Luján & Trillo-  
Figueroa, 2019).  
Desafíos en la reparación integral de la victima  
Las reformas recientes en la legislación ecuatoriana tienen como objetivo  
mejorar los derechos de las víctimas, particularmente en el contexto de la  
violencia contra las mujeres y las reparaciones integrales. La promulgación de la  
Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2018  
y del Código de Derecho Penal Integral (COIP) en 2014 representan avances  
legislativos significativos.  
Por otro lado, el papel de las víctimas en el contexto de las reparaciones es  
multifacético y abarca sus derechos a la participación, el reconocimiento y los  
desafíos que enfrentan para garantizar una justicia reparadora integral. Las  
víctimas ocupan cada vez más un lugar central en el discurso de las  
reparaciones, lo que influye en la dinámica de la rendición de cuentas y la  
recuperación social. Sin embargo, las complejidades de las injusticias históricas  
y el panorama político a menudo dificultan la eficacia de las medidas  
reparadoras.  
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Cervantes-Diaz et al. (2024)  
El sistema de justicia penal en Ecuador encuentra numerosos obstáculos, uno  
de los cuales tiene que ver con la garantía de una reparación integral para las  
víctimas de delitos penales. La reparación integral tiene como objetivo no solo  
proporcionar una compensación por los daños sufridos por las víctimas, sino  
también facilitar sus procesos de recuperación y reinserción social. Sin embargo,  
en la práctica, el incumplimiento de una reparación integral puede tener  
repercusiones sustanciales tanto para las víctimas como para la eficacia general  
del sistema de justicia penal (González Zumba & Monsalve Robalino, 2024).  
A pesar de los avances legislativos y las políticas instituidas para mejorar la  
reparación integral en Ecuador, persisten obstáculos para su ejecución efectiva.  
Un desafío principal es la incapacidad de los delincuentes o del sistema judicial  
para cumplir con los mandatos de la reparación integral (Bolaños Enriquez &  
Quintero, 2022). Este incumplimiento puede manifestarse de diversas formas,  
incluida la falta de compensación financiera, la ausencia de medidas de  
rehabilitación o el desprecio de las sanciones impuestas (Cardoso, 2023). La  
incapacidad de cumplir con una reparación integral puede tener efectos adversos  
en las víctimas, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de  
vista de su bienestar emocional y psicológico (Castro & Peña, 2018a). El  
descuido de sus necesidades de reparación puede agravar su sufrimiento,  
impedir su proceso de recuperación y distorsionar su percepción de la justicia y  
la seguridad. Además, la falta de implementación de una reparación integral  
puede erosionar la confianza en el sistema judicial y disminuir los esfuerzos por  
fomentar una cultura que respete los derechos de las víctimas.  
Un examen exhaustivo de la reparación integral requiere entender que abarca  
múltiples mecanismos diseñados específicamente para abordar el daño en su  
totalidad. En primer lugar, la compensación financiera tiene por objeto reparar el  
daño material sufrido. En segundo lugar, la rehabilitación ofrece un conjunto de  
servicios médicos, psicológicos y sociales destinados a mejorar las lesiones  
físicas y emocionales. En tercer lugar, la satisfacción incorpora iniciativas como  
la divulgación de información fáctica, las disculpas públicas y la conmemoración  
de las víctimas, que en conjunto contribuyen a la restauración de su dignidad.  
Por último, las garantías de no repetición implican reformas legales y medidas  
de seguridad destinadas a impedir la repetición del delito.  
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El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
A pesar de estos mecanismos bien establecidos, Ecuador encuentra obstáculos  
importantes para la ejecución efectiva de una reparación integral. Teóricamente,  
el incumplimiento de la reparación integral puede atribuirse a varios factores. La  
insuficiencia de recursos financieros y humanos impide a las víctimas acceder a  
los servicios esenciales de compensación financiera y rehabilitación (Morales &  
Flórez, 2018). Además, la coordinación inadecuada entre las instituciones  
encargadas de entregar estas reparaciones provoca retrasos y un acceso dispar  
a los servicios (Benavides Benalcázar, 2019). Además, existe una deficiencia en  
la sensibilización y la formación de los operadores de justicia sobre los derechos  
de las víctimas, lo que contribuye a minimizar las necesidades de las víctimas y  
a devaluar su sufrimiento (Torres et al., 2020).  
El bienestar de las víctimas debe priorizarse y situarse en el centro del marco de  
justicia penal. Sin embargo, el incumplimiento de la reparación integral tiene un  
profundo impacto en la salud emocional y psicológica de las víctimas, lo que  
perpetúa el trauma y el sufrimiento. La ausencia de medidas reparadoras  
adecuadas puede llevar a las víctimas a percibir que el sistema judicial les ha  
fallado, erosionando así su confianza en las instituciones y perpetuando un ciclo  
de impunidad (Castro & Peña, 2018b). Por lo tanto, es imperativo emprender  
esfuerzos concertados para reforzar los mecanismos de supervisión y adhesión  
a las medidas de reparación integrales, así como para fomentar una cultura de  
respeto y reconocimiento de los derechos de las víctimas en todas las fases del  
proceso penal.  
3. METODOLOGÍA  
Esta investigación se llevó a cabo utilizando una metodología cualitativa,  
empleando un diseño no experimental y un tipo de investigación descriptiva y  
documental. Este marco metodológico permitió examinar los avances y los  
obstáculos encontrados en la realización de los derechos de las víctimas en el  
sistema de justicia penal ecuatoriano, basándose en las reformas legales  
instituidas por la Constitución de la República del Ecuador (2008) y el Código  
Penal Orgánico Integral (COIP) (2014).  
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Se llevó a cabo un examen meticuloso de los principales documentos legales,  
incluida la Constitución, el COIP y las sentencias dictadas por el Tribunal  
Constitucional de Ecuador, además de los instrumentos jurídicos internacionales  
relacionados con los derechos de las víctimas, como los establecidos por el  
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, se incorporaron  
referencias académicas de publicaciones académicas, textos especializados e  
investigaciones previas sobre la reparación integral y la posición de las víctimas  
en los procesos judiciales penales.  
El marco evaluativo se basó en una perspectiva crítica, con el objetivo de  
discernir las discrepancias entre el marco legal y su ejecución en el entorno  
ecuatoriano. Se llevó a cabo una evaluación comparando los avances  
legislativos contemporáneos con los sistemas jurídicos precedentes, analizando  
las implicaciones de las reformas en el reconocimiento de los derechos de las  
víctimas y la garantía de una reparación completa. La investigación se organizó  
en tres fases principales: la evaluación teórica y normativa y la identificación de  
las bases legales y conceptuales pertinentes al tema, abarcando las  
dimensiones nacionales e internacionales. Evaluación comparativa: examen de  
las modificaciones reglamentarias instituidas en yuxtaposición con el marco legal  
anterior y su conformidad con los criterios internacionales de derechos humanos.  
Análisis crítico: deliberación sobre los avances, las limitaciones y los desafíos  
inherentes a la aplicación de los derechos de las víctimas, destacando las áreas  
esenciales para las próximas reformas legales e iniciativas de política pública.  
Este marco facilitó la construcción de una comprensión holística del papel de las  
víctimas en el sistema penal ecuatoriano y permitió la formulación de  
recomendaciones destinadas a fortalecer su posición legal y procesal.  
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. CONCLUSIONES  
La transición del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código  
para la Ejecución de Sentencias y Rehabilitación Social al Código Penal  
Orgánico Integral (COIP) significa un avance fundamental en el reconocimiento  
y la salvaguarda de los derechos de las víctimas dentro del marco legal  
ecuatoriano. Mientras que los marcos regulatorios anteriores consideraban  
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El rol de la víctima en el proceso penal ecuatoriano: Avances y desafíos en la reparación  
integral.  
principalmente a la víctima simplemente como el sujeto de los impuestos  
relacionados con el delito, el COIP adopta un paradigma holístico que enfatiza  
su participación activa en el proceso penal, alineado con los principios de la  
justicia restaurativa y las normas internacionales de derechos humanos.  
El Código de Procedimiento Penal supuso un avance sustancial para garantizar  
la igualdad de derechos entre las víctimas y otras partes interesadas en el  
procedimiento, incluidos el fiscal, el abogado defensor y el acusado. Este marco,  
si bien el COIP lo dejó obsoleto, sentó las bases para un sistema legal que  
reconoce a la víctima no solo como una entidad sujeta a impuestos sino también  
como una persona dotada de derechos en el marco del proceso penal.  
En virtud del COIP, existe una limitación en cuanto a los mecanismos alternativos  
para la resolución de conflictos penales; en caso de incumplimiento de un  
acuerdo conciliatorio, el único recurso es continuar con el proceso penal. Esto  
contrasta con el régimen establecido por el Código de Procedimiento Penal, que  
ofrecía una mayor flexibilidad al permitir a la víctima optar entre continuar con el  
proceso o hacer cumplir el acuerdo. Esta rigidez puede interpretarse como una  
violación del principio de la autonomía de las víctimas a la hora de buscar  
soluciones que se ajusten a sus intereses.  
El Código para la ejecución de sentencias y la rehabilitación social, debido a su  
falta de referencias sustanciales a las víctimas, subraya una deficiencia histórica  
a la hora de abordar sus derechos durante la ejecución de las sentencias. En  
este contexto, el COIP sigue encontrando obstáculos para incorporar a las  
víctimas a un modelo de justicia que vaya más allá de la mera imposición de  
sanciones y abarque también su restitución integral.  
La reparación integral constituye un derecho reconocido por el Sistema  
Interamericano de Derechos Humanos, del que Ecuador es signatario, lo que  
obliga a la nación a implementar y diseñar los mecanismos necesarios para su  
efectiva realización. En otras palabras, es imperativo determinar las garantías  
adecuadas, proporcionadas y esenciales que permitan a los administradores de  
justicia proporcionar una forma de recurso efectivo. En esta coyuntura, es  
esencial reconocer las estipulaciones establecidas por la Corte Interamericana  
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Cervantes-Diaz et al. (2024)  
de Derechos Humanos, que, a través de su marco jurisprudencial, establece que  
la reparación integral, que depende de la naturaleza de los intereses legales  
protegidos, puede abarcar dimensiones tanto materiales como inmateriales.  
El COIP, si bien representa los avances en la preservación de los derechos de  
las víctimas, sigue presentando vías de mejora, particularmente en lo que  
respecta a la ejecución de los mecanismos de justicia restaurativa que ofrecen  
una mayor adaptabilidad e implicación a las víctimas. Un enfoque minucioso y  
humanista exige que no solo se salvaguarden sus derechos, sino que también  
se les capacite para dirigir la trayectoria de las acciones legales de acuerdo con  
sus necesidades e intereses.  
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