Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 8, Núm. 15 (Ed. Enero – Junio 2025) ISSN: 2737-6354.  
La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
DOI: https://doi.org/10.46296/rc.v8i15.0360  
La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el  
cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procedimientos  
voluntario, sumario y ordinario  
Legal security as a guarantee of due process in compliance with  
judicial resolutions in voluntary, summary and ordinary procedures  
Zambrano-Muñoz Nohely Alejandra  
Universidad Estatal de Milagro. Milagro, Ecuador.  
Correo: nzambranom11@unemi.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-1834-5196  
Acosta-Pacheco Marco Antonio  
Universidad Internacional del Ecuador, Sede Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.  
Correo: macosta@uide.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0002-2839-5748  
Solís-Reyes Eloísa Carolina  
Investigador Independiente. Milagro, Ecuador.  
Correo: eloisa.solis8291@gmail.com  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-6510-1019  
Vélez-Parra José Antonio  
Universidad Estatal de Milagro. Milagro, Ecuador.  
Correo: jvelezp10@unemi.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-3862-1971  
RESUMEN  
El estudio de la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario tuvo como objetivo  
analizar la incidencia de la seguridad jurídica en el cumplimiento de las resoluciones judiciales  
en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario como garantía de los procesos judiciales.  
Para lo cual, se utilizó una investigación de tipo descriptiva y de campo, con un enfoque mixto y  
el método hermenéutico; para la recopilación de información primaria se aplicó una encuesta y  
entrevista a los juristas en libre ejercicio de su profesión. Se obtuvo que todas las personas tienen  
derecho al debido proceso, el cual está ligado estrechamente al derecho a la seguridad jurídica  
ya que, este segundo implica el conocimiento y certeza del derecho positivo, la confianza de la  
sociedad en las instituciones del Estado y en el orden jurídico y la existencia de mecanismos  
jurídicos frente a las afectaciones que pudieren existir. Se concluyó que la seguridad jurídica  
como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es esencial  
para mantener la confianza en el sistema legal y para proteger los derechos fundamentales de  
las personas involucradas en cualquier procedimiento legal, ya sea voluntario, sumario u  
ordinario.  
Palabras claves: seguridad jurídica, debido proceso, resoluciones judiciales, procedimiento  
voluntario, procedimiento sumario, procedimiento ordinario.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 10 de octubre de 2024.  
Fecha de aceptación: 28 de diciembre de 2024.  
Fecha de publicación: 10 de enero de 2025.  
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Zambrano-Muñoz et al. (2025)  
ABSTRACT  
The study of legal certainty as a guarantee of due process in compliance with judicial resolutions  
in voluntary, summary and ordinary procedures aimed to analyze the impact of legal certainty in  
compliance with judicial resolutions in voluntary, summary and ordinary as a guarantee of judicial  
processes. For this purpose, descriptive and field research was used, with a mixed approach and  
the hermeneutic method; To collect primary information, a survey and interview was applied to  
jurists in the free exercise of their profession. It was obtained that all people have the right to due  
process, which is closely linked to the right to legal certainty since, this second implies the  
knowledge and certainty of positive law, the trust of society in the institutions of the State and in  
the legal order and the existence of legal mechanisms against the effects that may exist. It was  
concluded that legal certainty as a guarantee of due process in compliance with judicial  
resolutions is essential to maintain confidence in the legal system and to protect the fundamental  
rights of people involved in any legal procedure, whether voluntary, summary or ordinary.  
Keywords: Legal security, Due process, Judicial resolutions, Voluntary procedure, summary  
procedure, Ordinary procedure.  
1. INTRODUCCIÓN  
La seguridad jurídica es un principio fundamental en el sistema legal de muchos  
países y se considera esencial para garantizar el debido proceso en el  
cumplimiento de las resoluciones judiciales en procedimientos voluntarios,  
sumarios y ordinarios. Es esencial tener en cuenta que la efectividad en el  
cumplimiento de las resoluciones judiciales no solo depende de la rapidez con  
que se emitan las decisiones, sino también de la capacidad del sistema legal  
para aplicar medidas coercitivas y sanciones en caso de incumplimiento. El  
respeto y la confianza en la autoridad del sistema judicial también juegan un  
papel importante en este proceso.  
Para (Rosero, 2023) la seguridad jurídica es condición básica para que un  
Estado pueda tener paz social y estabilidad política, condiciones que a su vez  
favorecen su desarrollo. En tal sentido, la legítima preocupación que existe en  
nuestro país por el papel que el sistema jurídico debe cumplir, creando las  
condiciones que propicien el desarrollo; de la misma manera (Vargas, 2023)  
menciona que existe unanimidad a la hora de considerar a la seguridad jurídica  
como uno de los fines del de derecho y al considerar a la seguridad jurídica como  
un principio fundamental del estado de derecho y como una garantía  
fundamental. Pero hay cierto disenso a la hora de definir y precisar el concepto  
de seguridad jurídica, particularmente por su aplicación e interpretación.  
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La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
En tal sentido, (Villacís, 2022) expone que la seguridad jurídica se traduce en la  
confianza y ciertas facultades que otorgan un grupo determinado de personas a  
un ser humano legitimado a través de un poder soberano denominado pacto  
social, en donde todos los poderes particulares sean entregados a un solo poder,  
capaz de administrar, controlar, regular y poseer los medios y mecanismos para  
garantizar la seguridad a los que confiaron en él y el pleno disfrute de sus  
derechos. Así mismo, (León, Barrueta, & Martell, 2018) afirman que el concepto  
de seguridad en el siglo XXI debe ser amplio y dinámico, para cubrir todos los  
ámbitos concernientes a la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, que son  
variables según las rápidas evoluciones del entorno estratégico y abarcan desde  
la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de  
las infraestructuras críticas.  
El derecho a la seguridad jurídica que tenemos todas las personas es el pilar  
sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de  
los distintos poderes públicos, en virtud de aquello los actos emanados de dichas  
autoridades deben observar las normas que componen el ordenamiento jurídico  
vigente, de manera similar la seguridad jurídica implica la confiabilidad en  
el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del Estado a la  
Constitución y a la Ley ya que salvaguarda para evitar que todas las personas,  
pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedad (Ordóñez  
&
Vázquez, 2021).  
Por tal motivo y para dicha seguridad se debe garantizar el debido proceso en el  
cumplimiento de las resoluciones judiciales que es un principio fundamental en  
el ámbito legal que garantiza que todas las partes involucradas en un proceso  
judicial sean tratadas de manera justa y que tengan la oportunidad de presentar  
sus argumentos y pruebas de manera adecuada. Acorde a la (Defensoría del  
Pueblo, 2024) en la Constitución de la República del Ecuador, dentro del artículo  
76, establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y  
obligaciones se deberán observar las normas del debido proceso. Las garantías  
del debido proceso deben ser observadas también frente a actos normativos o  
administrativos que generen una obligación frente a las/los habitantes del  
Ecuador.  
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Zambrano-Muñoz et al. (2025)  
El debido proceso se aplica no solo durante el desarrollo del proceso judicial,  
sino también en la ejecución de las resoluciones judiciales. Por lo que, en el  
Código Orgánico General de Procesos en su artículo 1 señala: “regula la  
actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y  
penal, con estricta observancia del debido proceso.”  
El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo  
progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter  
procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce  
–cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser  
humano (García, 2003). Sin embargo, (Rodríguez, 2024) dice que el derecho a  
un debido proceso legal es el derecho humano más comúnmente infringido por  
los Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir  
al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o  
como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de  
defensa procesal” es una garantía procesal que debe estar presente en toda  
clase de procesos, no solo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil,  
administrativo o de cualquier otro.  
Es ahí que, el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el  
desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de  
carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos  
de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del  
ser humano. Y, tal como menciona (Salmon & Blanco, 2012) el proceso «es un  
medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una  
controversia», a lo cual contribuyen «el conjunto de actos de diversas  
características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso  
legal». En este sentido, dichos actos «sirven para proteger, asegurar o hacer  
valer la titularidad o el ejercicio de un derecho» y son «condiciones que deben  
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u  
obligaciones están bajo consideración judicial». En buena cuenta, el debido  
proceso supone «el conjunto de requisitos que deben observarse en las  
instancias procesales».  
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La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
Para la (Defensoría del Pueblo, 2024) los principios del debido proceso son:  
idoneidad, neutralidad, imparcialidad., igualdad, transparencia, contradicción,  
evidencia y motivación. Y, las reglas comunes a todo procedimiento son: acceso  
a la justicia, jurisdicción y competencia; legitimidad de la sanción y la presunción  
de inocencia.  
Sin embargo, bajo el entendido de que las resoluciones se dictan para ser  
cumplidas, es imperativo evaluar el grado de obligatoriedad que se les ha  
otorgado y el papel que debe cumplir un juez que conoce y falla respecto a los  
derechos constitucionales (Ruiz, 2019).  
En el caso del procedimiento voluntario de acuerdo con la normativa procesal  
ecuatoriana se encuentra a partir del artículo 334, donde se determinan los casos  
en los que procede este tipo de trámite judicial. Para el ordenamiento jurídico  
ecuatoriano este procedimiento es de conocimiento. De acuerdo con cierta parte  
de la doctrina ecuatoriana (Principales cuestiones acerca del Código Orgánico  
General de Procesos en preguntas y respuestas., 2015) se considera de  
conocimiento debido a que, en caso de oposición, este procedimiento se  
transforma en uno sumario, de acuerdo con el artículo 336 del COGEP. Se  
aprecia, de los tipos de procedimiento que se establecen en nuestra normativa  
procesal, que casi todos coinciden en tener partes procesales, es decir, actor y  
demandado (Layana, 2022).  
En el procedimiento ordinario se tramitarán todas aquellas controversias que no  
tengan un proceso especial. El Procedimiento Ordinario, también es conocido en  
la doctrina como proceso común o simple, porque en él se concentran todas las  
“ritualidades comunes”, acorde a (Pazmiño, 2015). Mientras que el mismo autor  
menciona que el procedimiento sumario es similar al procedimiento ordinario. Su  
característica fundamental es que los trámites son más simplificados y  
abreviados, se desarrollan en una sola audiencia. Su característica particular es  
que expresa la especialidad de la materia, es decir, que no es para todas, sino  
para las especialidades expresamente previstas en el Código para  
procedimientos concretos y que requieren tratamiento ágil y urgente, que se  
logra precisamente con la simplificación del procedimiento.  
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Zambrano-Muñoz et al. (2025)  
En aquel sentido, las resoluciones judiciales son decisiones tomadas por un  
tribunal o un juez en el contexto de un proceso legal. Estas decisiones pueden  
variar en su naturaleza y en su alcance; y, pueden ser impugnadas mediante  
recursos previstos en la legislación procesal, como apelaciones, recursos de  
casación, recursos de revisión, entre otros, dependiendo del sistema legal de  
cada país y de la naturaleza de la resolución impugnada.  
2. METODOLOGÍA  
Para el desarrollo de la investigación se abordó la investigación descriptiva y de  
campo, en donde el problema está definido, por lo que se llevó a cabo la  
indagación para entenderlo mejor, ya que prioriza los puntos de vista de los  
investigadores. La investigación de campo se llevó a cabo con el levantamiento  
de la información, seguido del análisis, la fundamentación de los conocimientos  
y la aplicación de los métodos utilizados, para obtener conclusiones; de manera  
directa en el ambiente donde se desenvuelve el hecho de estudio.  
Para el desarrollo de la investigación se basó en un enfoque mixto es decir que  
para una mejor comprensión del problema se utilizó el enfoque cualitativo y  
cuantitativo; el enfoque cualitativo de la investigación busca entender y analizar  
la importancia de la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el  
cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario,  
sumario y ordinario. Además, se planteó un enfoque cuantitativo bajo la técnica  
de encuesta que permita analizar las variables de investigación.  
La técnica de recopilación de datos primarios determinada dentro de la  
investigación es la encuesta misma que permitirá obtener información de calidad,  
para así llegar a tener datos que permitan realizar procesamiento estadístico que  
lleve a entender el problema en cuestión. Se diseñará un formulario de encuesta  
que contiene ítems relacionados a la seguridad jurídica y el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en la población de estudio. Adicional, se aplicó  
entrevistas a juristas del libre ejercicio profesional quienes argumentaron sobre  
la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
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La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
Para el procesamiento de resultados se utilizó Microsoft Excel para la tabulación  
y visualización gráfica y el procesador de texto Word para realizar el respectivo  
análisis e interpretación de la información recopilada a través de la encuesta y el  
análisis del discurso con la información recopilada a través de la entrevista, ya  
que la investigación fue netamente de carácter descriptivo.  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El 91% de los encuestados respondió que siente que sus derechos están  
garantizados jurídicamente en todos los procedimientos judiciales y que en la  
actualidad, se puede comprender la naturaleza del debido proceso como un  
derecho innato de la persona. Sin embargo, el 5% considera que la seguridad  
jurídica es transparente e igualitaria para los requirentes.  
Los entrevistados mencionaron que todas las personas tienen derecho al debido  
proceso, el cual está ligado estrechamente al derecho a la seguridad jurídica ya  
que, este segundo implica el conocimiento y certeza del derecho positivo, la  
confianza de la sociedad en las instituciones del Estado y en el orden jurídico y  
la existencia de mecanismos jurídicos frente a las afectaciones que pudieren  
existir.  
Reconocen que el debido proceso implica que en todo proceso en el que se  
resuelvan derechos o intereses de las personas, se debe garantizar el derecho  
a la defensa, la presunción de inocencia, la motivación, la prohibición de doble  
juzgamiento, entre otras. En donde definen que la seguridad jurídica se refiere a  
la certeza y estabilidad en la aplicación de las leyes. Implica que los ciudadanos  
pueden confiar en que las normas legales serán predecibles y consistentemente  
aplicadas. El debido proceso legal es un principio fundamental que garantiza que  
todas las partes involucradas en un proceso legal reciban un trato justo y  
equitativo. Incluye el derecho a ser notificado, el derecho a presentar pruebas, el  
derecho a ser escuchado por un tribunal imparcial y el derecho a un recurso  
efectivo.  
Las resoluciones judiciales son decisiones tomadas por un tribunal después de  
un proceso legal. Estas decisiones deben basarse en la ley y los hechos  
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presentados durante el proceso. Los procedimientos voluntarios, sumarios y  
ordinarios son diferentes tipos de procesos legales que se utilizan en diversas  
situaciones. La seguridad jurídica es esencial en todos estos procedimientos  
para garantizar la coherencia y la aplicación justa de la ley.  
La seguridad jurídica también implica la ejecución efectiva de las resoluciones  
judiciales. Esto significa que las decisiones de los tribunales deben  
implementarse de manera que las partes afectadas cumplan con lo dispuesto en  
dichas resoluciones. Adicional, que la seguridad jurídica contribuye a la  
protección de los derechos fundamentales de las personas, asegurando que se  
respeten sus derechos durante todo el proceso legal, desde la presentación de  
la demanda hasta la ejecución de la resolución judicial. Finalmente, que la  
seguridad jurídica también se vincula con la transparencia y accesibilidad del  
sistema legal. Las leyes y los procedimientos deben ser comprensibles y  
accesibles para que las personas puedan conocer sus derechos y obligaciones.  
Discusión  
El debido proceso en la Constitución de la República se contempla como un  
derecho de todas las personas, que, a su vez, contiene una serie de derechos,  
principios y garantías que tienen como finalidad garantizar la legalidad y correcta  
aplicación de las normas, dentro de un marco de respeto a la dignidad humana,  
buscando la materialización de la justicia. Siendo su naturaleza jurídica diversa,  
desde el punto de vista de la doctrina, la normativa y la jurisprudencia;  
considerándose en principio como una institución jurídica que contemplaba un  
conjunto de garantías, hasta la actualidad, en la cual se lo ha considerado como  
un derecho humano.  
Más, sin embargo, la seguridad jurídica se refiere al respeto y aplicación directa  
de la Constitución y las normas jurídicas, por parte de toda autoridad. Por  
consiguiente, el garantizar la seguridad jurídica se constituye una obligación del  
Estado ecuatoriano, con los ciudadanos.  
El procedimiento sumario es un proceso legal que se inicia y se desarrolla en un  
tribunal, donde las partes acuden en busca de una solución rápida a su conflicto  
mediante una decisión judicial. En este proceso, cada parte presenta sus hechos,  
argumenta y presenta pruebas con el objetivo de obtener una resolución. En  
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La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
resumen, se consideran como casos aptos para procedimientos sumarios  
aquellos que requieren rapidez y que están relacionados con cantidades  
menores en disputa (Tinico & Ramón, 2023).  
Las resoluciones judiciales son los actos del tribunal, por lo que este decide  
sobre las cuestiones que le plantean, ya sean sobre el fondo, ya sean de carácter  
procesal. Según su forma y su contenido, las resoluciones judiciales se dividen  
en providencias, autos y sentencias (Herrera, 2008).  
En la práctica no hay una sentencia sino que cada instancia además del formato  
propio elaborado por la ley, dicta una resolución judicial que tiene que ver con el  
marco estructural de su composición y como es propio con el caso sometido, con  
la obligación de resolverlo con apego al derecho, pero con una visión más allá  
del instrumentalismo mecánico de la copia de artículos del Código de Trabajo o  
procesal, sino que podrá ser objeto de una revisión por un recurso, de ahí que  
los juzgados de trabajo, los juzgados de primera instancia deben fallar teniendo  
en cuenta la mirada crítica de los tribunales de Corte, Tribunales Superiores de  
justicia, Cortes de Trabajo, sin que ello implique seguidísimo.  
La resolución judicial es una decisión sugerente en cuanto que es en base a la  
misma que el Tribunal Supremo, Corte Suprema o Suprema Corte, dictarán una  
decisión de principio, lo hacen tomando como base la resolución llevada a su  
jurisdicción, pero también es una decisión en mayor o menor medida al Derecho  
Jurisprudencial del Trabajo que guía el Tribunal Supremo.  
En lo que respecta al cumplimiento de las resoluciones judiciales en  
procedimientos voluntarios, sumarios y ordinarios es un componente crucial del  
sistema legal y contribuye a garantizar la efectividad y la autoridad del poder  
judicial. A continuación, se abordan aspectos específicos relacionados con el  
cumplimiento de estas resoluciones en cada tipo de procedimiento:  
1
. Procedimiento Voluntario: En los procedimientos voluntarios, las partes  
involucradas suelen colaborar de manera más directa en la resolución del  
conflicto. Pueden acordar cumplir con las disposiciones de la resolución  
judicial de manera más amigable. Si alguna de las partes no cumple  
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voluntariamente, la otra puede buscar la ejecución a través de las  
autoridades judiciales.  
2
3
4
5
6
7
. Procedimiento Sumario: En los procedimientos sumarios, que se  
caracterizan por ser más rápidos y menos formales, el cumplimiento de las  
resoluciones puede requerir medidas más inmediatas. Las decisiones  
judiciales en estos casos suelen ser ejecutadas con rapidez para asegurar  
una pronta solución al conflicto.  
. Procedimiento Ordinario: En procedimientos ordinarios, que son más  
detallados y formales, el cumplimiento de las resoluciones puede implicar un  
proceso más extenso. Las partes tienen plazos más amplios para presentar  
sus argumentos, y el cumplimiento de las resoluciones puede requerir un  
seguimiento más meticuloso por parte de las autoridades judiciales.  
. Medios de Ejecución: En todos los procedimientos, las resoluciones  
judiciales pueden ejecutarse a través de diversos medios, como embargos,  
multas, órdenes de arresto u otros mecanismos específicos según la  
naturaleza del caso. La elección de los medios dependerá de la legislación  
local y de las circunstancias particulares del asunto.  
. Coerción y Sanciones: En situaciones en las que una parte se niega a  
cumplir con una resolución judicial, las autoridades judiciales pueden recurrir  
a medidas coercitivas y sanciones para asegurar el cumplimiento. Estas  
pueden incluir la imposición de multas adicionales, penalizaciones  
financieras o incluso la imposición de penas de prisión en casos extremos.  
. Colaboración de Autoridades Administrativas: En algunos casos, las  
autoridades administrativas pueden desempeñar un papel en la ejecución de  
resoluciones judiciales. Por ejemplo, en cuestiones de cumplimiento de  
contratos, las autoridades encargadas de registros pueden colaborar en la  
transferencia de propiedades u otros activos.  
. Recurso a la Jurisdicción Civil: Si el cumplimiento no se logra de manera  
voluntaria, la parte beneficiada por la resolución puede recurrir nuevamente  
a la jurisdicción civil para solicitar medidas adicionales destinadas a asegurar  
el cumplimiento.  
De manera que, la seguridad jurídica desempeña un papel fundamental como  
garantía del debido proceso en el sistema legal ecuatoriano, ya que, se refiere a  
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La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
la certeza y previsibilidad que deben existir en la aplicación de las leyes,  
proporcionando un marco estable y confiable para la resolución de disputas  
legales. Por lo que, se expone cómo la seguridad jurídica actúa como una  
garantía esencial del debido proceso:  
1
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5
6
. Previsibilidad de las Leyes: La seguridad jurídica implica que las leyes y  
normativas sean claras, comprensibles y predecibles. Cuando las leyes son  
consistentes y no cambian abruptamente, las partes involucradas en un  
proceso legal pueden confiar en la estabilidad del marco legal que regula sus  
acciones.  
. Estabilidad Normativa: La seguridad jurídica requiere que las leyes no  
cambien de manera arbitraria o frecuente. La estabilidad normativa  
contribuye a que las personas tengan confianza en que las reglas legales  
aplicables en un momento dado serán las mismas durante la resolución de  
un conflicto.  
. Acceso a la Información: La seguridad jurídica se fortalece cuando la  
información legal es accesible para todos los ciudadanos. La disponibilidad  
de leyes, precedentes judiciales y procedimientos legales permite que las  
partes comprendan sus derechos y obligaciones, facilitando así la  
participación efectiva en el proceso.  
. Imposibilidad de Retroactividad: La seguridad jurídica prohíbe la  
retroactividad de las leyes, es decir, que estas no puedan aplicarse  
retroactivamente para afectar derechos ya adquiridos. Esto garantiza que las  
personas no sean sorprendidas por cambios inesperados en la ley después  
de que han actuado de acuerdo con las normativas existentes.  
. Independencia Judicial: La seguridad jurídica se ve reforzada por la  
independencia judicial. Un poder judicial independiente asegura que las  
decisiones judiciales se basen en la ley y no estén sujetas a influencias  
externas o presiones políticas, garantizando así la imparcialidad y la  
aplicación coherente de la ley.  
. Derecho a un Juicio Justo: La seguridad jurídica es esencial para el derecho  
a un juicio justo, que forma parte del debido proceso. La certeza en la  
aplicación de las leyes garantiza que las partes tengan la oportunidad de ser  
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escuchadas por un tribunal imparcial y que las decisiones judiciales se tomen  
de manera consistente con la legislación aplicable.  
7
. Protección de la Confianza Legítima: La seguridad jurídica también protege  
la confianza legítima de las personas en el sistema legal. Las expectativas  
creadas por la aplicación coherente de las leyes se consideran dignas de  
protección, y cambios drásticos o imprevisibles pueden afectar  
negativamente esa confianza.  
8
. Cumplimiento de Resoluciones Judiciales: La seguridad jurídica se refleja en  
el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales. Cuando las  
decisiones judiciales son claras, consistentes y aplicables, se fomenta el  
cumplimiento voluntario por parte de las partes involucradas.  
4. CONCLUSIONES  
Es necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado,  
donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la  
inseguridad que provocaría en la sociedad en las que queden de lado los  
intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la  
verdad real y el éxito de la administración de justicia.  
La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de  
las resoluciones judiciales es esencial para mantener la confianza en el sistema  
legal y para proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas  
en cualquier procedimiento legal, ya sea voluntario, sumario u ordinario.  
La seguridad jurídica actúa como un pilar esencial del debido proceso al  
proporcionar un entorno legal estable, predecible e imparcial. Contribuye a la  
confianza en el sistema legal y asegura que las partes tengan la seguridad de  
que sus derechos y obligaciones serán respetados durante todo el proceso  
judicial y como como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
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Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 8, Núm. 15 (Ed. Enero – Junio 2025) ISSN: 2737-6354.  
La seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las  
resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario.  
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