Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Análisis comparado de la incorporación de estándares internacionales sobre el derecho a  
morir dignamente en la jurisprudencia ecuatoriana.  
ANÁLISIS COMPARADO DE LA INCORPORACIÓN DE ESTÁNDARES  
INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE  
EN LA JURISPRUDENCIA ECUATORIANA  
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCORPORATION OF  
INTERNATIONAL STANDARDS REGARDING THE RIGHT TO DIE  
WITH DIGNITY INTO ECUADORIAN JURISPRUDENCE  
González-Briones Xiomara Roxana  
Salcedo-Ortega Ernesto Francisco  
Macias-Falconez María Fernanda  
RESUMEN  
La despenalización de la eutanasia en Ecuador mediante la Sentencia No. 67-23-IN/24 ha  
generado un debate jurídico sobre la suficiencia de los mecanismos internos para garantizar el  
derecho a morir dignamente frente a los vacíos normativos y barreras reglamentarias existentes.  
El objetivo de esta investigación fue realizar un análisis comparado de la incorporación de los  
estándares internacionales sobre la muerte digna en el ordenamiento jurídico ecuatoriano,  
evaluando sus alcances, limitaciones y perspectivas futuras. Metodológicamente se adoptó un  
enfoque cualitativo y descriptivo basado en la revisión documental y los métodos inductivo-  
deductivo, comparado y dogmático-jurídico, contrastando la con referentes europeos y  
latinoamericanos. Los resultados demuestran que, aunque la Corte Constitucional acogió una  
interpretación evolutiva de la dignidad humana y la autonomía personal basada en el Sistema  
Interamericano de Derechos Humanos, persiste una tensión garantista por la ausencia de una  
ley orgánica que establezca garantías primarias claras. Se concluye que el reconocimiento  
jurisprudencial ecuatoriano constituye un avance histórico, pero su efectividad material se ve  
amenazada por la inseguridad jurídica, la objeción de conciencia no regulada y requisitos  
administrativos restrictivos que exigen una armonización legislativa urgente.  
Palabras claves: Eutanasia, Muerte digna, Dignidad humana, Jurisprudencia constitucional,  
Derecho comparado.  
ABSTRACT  
The decriminalization of euthanasia in Ecuador, via Judgment No. 67-23-IN/24, has sparked a  
legal debate regarding the adequacy of domestic mechanisms to guarantee the right to a dignified  
death, given existing regulatory gaps and procedural barriers. This research provides a  
comparative analysis of how international standards on a dignified death have been incorporated  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 14 de agosto de 2026.  
Fecha de aceptación: 20 de octubre de 2026.  
Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026.  
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González-Briones et al. (2026)  
into the Ecuadorian legal system, evaluating their scope, limitations, and future prospects. The  
study employs a qualitative, descriptive approach based on a documentary review and utilizes  
inductive-deductive, comparative, and doctrinal-legal methods, drawing contrasts with European  
and Latin American frameworks. The findings indicate that, while the Constitutional Court adopted  
an evolutionary interpretation of human dignity and personal autonomy grounded in the Inter-  
American System of Human Rights a tension remains concerning the protection of rights, due to  
the absence of an organic law that establishes clear, primary safeguards. It is concluded that,  
although the recognition of this right by the Ecuadorian judiciary represents a historic  
advancement, its practical effectiveness is undermined by legal uncertainty, unregulated  
conscientious objection, and restrictive administrative requirements all of which necessitate  
urgent legislative harmonization.  
Keywords: Euthanasia, Death with dignity, Human dignity, Constitutional jurisprudence,  
Comparative law.  
1. INTRODUCCIÓN  
El debate contemporáneo sobre el derecho a morir dignamente se inserta en un  
escenario de profunda transformación jurídica y filosófica, donde la tensión entre  
la protección de la vida como valor absoluto y el reconocimiento de la autonomía  
personal ha impulso a diferentes Estados a redefinir sus límites constitucionales.  
Frente a la ausencia de un reconocimiento explícito en los pactos internacionales  
de derechos humanos, la construcción de este derecho ha recaído sobre la labor  
progresiva de las altas cortes y la adopción de legislaciones pioneras a nivel  
global, configurando un panorama de derecho comparado diverso que va desde  
los modelos europeos pioneros hasta las respuestas jurisprudenciales de  
América Latina.  
Loor et al. (2026), señalan que a diferencia de otros derechos registrados  
explícitamente en instrumentos internacionales, el derecho a morir dignamente  
no está establecido de forma autónoma en los tratados universales ni regionales  
de derechos humanos, lo que ha dado a paso a que a nivel jurisprudencial tanto  
en el ámbito europeo como interamericano la identificación de algunos  
fundamentos normativos que se vinculan con la dignidad humana, la integridad  
física y psíquica, la autonomía personal y la vida privada, que han sentado las  
bases para desarrollar estándares en la materia.  
Por su parte, Alvarado et al. (2025), mencionan que a lo largo de la historia, la  
eutanasia ha generado controversia porque contrapone dos principios  
esenciales del derecho: de una parte, el derecho a la vida, reconocido como  
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REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Análisis comparado de la incorporación de estándares internacionales sobre el derecho a  
morir dignamente en la jurisprudencia ecuatoriana.  
inviolable en la Constitución de la República del Ecuador, y de otra, el derecho  
al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, que comprende la  
facultad de las personas para decidir sobre aspectos esenciales de su propia  
vida, incluso optar por terminarla cuando el sufrimiento físico o psicológico se  
vuelve intolerable. La discusión en torno a la eutanasia no se limita a la legalidad  
de su aplicación, sino que también abarca aspectos éticos, filosóficos y religiosos  
que han incidido profundamente en las normas de los Estados.  
Rodríguez et al. (2025) exponen que, durante los últimos 25 años, la noción de  
buena muerte se ha planteado como un derecho., sin embargo, inicialmente, la  
muerte digna no llegó a reconocerse como un derecho en sentido estricto, es  
decir, incluido en las normas del ordenamiento jurídico, ya que morir con dignidad  
no figura como un derecho en la declaración o el pacto de derechos humanos.  
Por este motivo, existe un debate relevante sobre si debería reconocerse como  
un nuevo derecho humano de tercera, pero en este siglo XXI, algunos países  
han aprobado leyes que ofrecen alternativas efectivas a quienes, por padecer  
una enfermedad terminal, no tienen posibilidades de llevar una vida digna  
Correa (2023), acota que el primer país que cambio su legislación para legalizar  
la eutanasia fue Holanda el 26 de marzo de 2002 bajo la norma “Ley de petición  
de terminación de la vida y ayuda al suicido, para permitir que los médicos  
aplicaran la eutanasia cuando se cumplieran con los requisitos establecidos en  
dicha ley, siendo el principal la mayoría de edad, posteriormente en el año 2005  
se aprobó la eutanasia para los recién nacidos cuya calidad de vida sea  
considerada muy pobre, en circunstancias excepcionales y cumpliendo  
condiciones estrictas.  
Progresivamente se siguieron sumando países en legalizar la eutanasia: Bélgica  
(2002) Países Bajos (2002), Luxemburgo (2009), Canadá (2016) y el suicidio  
asistido con algunas condiciones como el consentimiento voluntario del paciente  
y presencia de un sufrimiento insufrible, Nueva Zelanda (2021), Alemania (2020)  
y Colombia (1997), sin embargo, se tienen prevista una serie de condiciones  
para que pueda ser factible como lo es el consentimiento voluntario del paciente  
y un sufrimiento que no pueda ser soportado producto de una enfermedad  
incurable (Falconi et al., 2024).  
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González-Briones et al. (2026)  
Particularmente en España, se promulgó la Ley Orgánica 3/201 por el Ministerio  
de Sanidad en fecha 24 de marzo, que regulariza legalmente la eutanasia que  
se hizo efectiva el 25 de junio de ese mismo año, ley que represento un hito  
jurídico en establecer un marco legal integral, sistemático, equilibrado y garante  
para el derecho a la eutanasia (Estrella, 2024).  
Por otro lado, Alvarado y Montagut (2022), al analizar el contexto regional,  
señalan que en Latinoamérica se ha empezado a transformar el paradigma  
punitivo que castigaba la asistencia para morir con dignidad y que los  
ordenamiento jurídicos enfrentan una tensión histórica entre concebir la vida  
como un derecho absoluto y la necesidad de tutelar la autonomía individual y la  
prohibición de tratos crueles e inhumanos, respaldándose en los estándares del  
Sistema Interamericano de Derechos Humanos para exigir que la dignidad  
humana prevalezca también en la etapa final de la existencia.  
En el contexto ecuatoriano, la reciente emisión de la Sentencia No. 67-23-IN/24  
por parte de la Corte Constitucional marca un hito histórico al despenalizar la  
eutanasia, sin embargo, persisten vacíos normativos, tensiones reglamentarias  
y desafíos operativos que dificultan su materialización efectiva como garantía del  
libre desarrollo de la personalidad y la vida digna.  
De este modo, surgen interrogantes fundamentales ¿Cómo se incorporan y  
adaptan los estándares internacionales sobre la muerte digna en la  
jurisprudencia normativa ecuatoriana frente a la experiencia del derecho  
comparado? ¿Son suficientes las medidas adoptadas por los órganos estatales  
para garantizar un acceso real y seguro a este derecho?  
Para dar respuesta a estas incógnitas, esta investigación tiene como objetivo  
realizar un análisis comparado de la incorporación de dichos estándares  
internacionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, evaluando sus  
alcances, limitaciones y perspectivas futuras.  
Para ello, se adopta un enfoque cualitativo y de nivel descriptivo, fundamentado  
en la revisión bibliográfica, el método dogmático-jurídico y el análisis comparado  
de la normativa nacional e internacional.  
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Análisis comparado de la incorporación de estándares internacionales sobre el derecho a  
morir dignamente en la jurisprudencia ecuatoriana.  
2. METODOLOGÍA  
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, fundamentado en la  
revisión y análisis crítico de la literatura académica, jurisprudencia nacional e  
internacional, así como de la normativa comparada relacionada con el derecho  
a la eutanasia y la muerte digna.  
El nivel de profundidad de la investigación es descriptivo, ya que se examinan  
fuentes formales del derecho para identificar los aciertos, vacíos y desafíos en la  
aplicación de los estándares internacionales dentro del ordenamiento jurídico  
ecuatoriano.  
Además, se emplearon los métodos: Inductivo-deductivo, que permitió partir del  
estudio de normas y sentencias internacionales de alta relevancia para extraer  
conclusiones generales aplicables a la realidad jurídica del Ecuador. El método  
comparado, utilizado para analizar y contrastar la normativa y jurisprudencia  
vigente sobre el acceso a la eutanasia en países referentes como los países  
bajos, Bélgica, Colombia, Canadá y España frente al contexto normativo  
ecuatoriano. El método-dogmático jurídico que abordó el análisis formal y  
positivo del derecho, facilitando la revisión doctrinal de la Sentencia No. 67-23-  
IN/24 de la Corte Constitucional y el Acuerdo Ministerial No. 00059-2024.  
Como técnica de investigación se utilizó la revisión bibliográfica, empleando el  
fichaje como instrumento para la consolidación, clasificación y análisis de la  
información documental disponible.  
3
. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los Derechos humanos y la dignidad humana como fundamento para morir  
dignamente  
Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos no contempla de forma  
expresa el derecho a morir dignamente, sus disposiciones constituyen el  
cimiento normativo sobre el cual la doctrina y la jurisprudencia internacional han  
construido este estándar, en esta declaración se reconoce la dignidad intrínseca  
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González-Briones et al. (2026)  
y la libertad como atributos inherentes a toda persona en el artículo 1, junto con  
el derecho a la vida y a la seguridad personal en el artículo 3 y la prohibición  
absoluta de someter a nadie a tratos crueles, inhumanos o degradantes en el  
artículo 5 (Naciones Unidas, 1948) .  
Este entorno protector se refuerza en el Sistema Interamericano de Derechos  
Humanos, donde la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ACNUR,  
1969), que establece en el artículo 4 el derecho al respecto de la vida, el cual  
bajo una interpretación evolutiva y pro persona, no se agota en una preservación  
meramente biológica u orgánica, sino que exige salvaguardar las condiciones  
materiales y espirituales de una existencia digna, en el artículo 5, al proscribir los  
tratos crueles, inhumanos o degradantes respalda el argumento de que obligar  
a un individuo a soportar un sufrimiento físico o psicológico intolerable, derivado  
de una lesión grave e irreversible o de una enfermedad incurable, vulnera su  
integridad personal y su autonomía.  
En este sentido, los derechos humanos, reconocidos en acuerdos  
internacionales, obligan a los países signatarios a asegurar su pleno disfrute sin  
excepciones y en un entorno de respeto y protección, lo que supone no  
obstaculizar su ejercicio y evitar que terceros o instituciones restrinjan su  
aplicación, asimismo, promueve una cultura de derechos humanos en la que la  
sociedad está informada y preparada para defenderlos (Delgado, 2024).  
En el centro de toda esta normativa converge el concepto de dignidad humana,  
entendido como un valor intrínseco que es fuente esencial de los derechos  
humanos y por ende respalda la protección de las garantías fundamentales (Villa  
y Alvarado, 2024).  
Al respecto, Cevallos y Moreira (2023), sostienen que la dignidad tiene una doble  
dimensión: constituye el fundamento de los derechos y, a la vez, un derecho en  
sí misma: por una parte, se configura como valor de los ordenamientos jurídicos  
que la reconocen y como principio rector del Estado de derecho, al que deben  
sujetarse todos los poderes y organismos públicos y por otra, la dignidad humana  
se plantea también como un derecho fundamental autónomo, aunque no se  
precisa cuál es su contenido.  
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Análisis comparado de la incorporación de estándares internacionales sobre el derecho a  
morir dignamente en la jurisprudencia ecuatoriana.  
De este modo, los postulados sobre la dignidad humana como derecho  
autónomo y principio rector no constituyen meras directrices abstractas, sino que  
fungen como el estándar normativo indispensable para evaluar situaciones  
donde la prolongación artificial de la vida vulnera de manera directa los derechos  
fundamentales de la persona.  
Aproximación conceptual y tipologías de la eutanasia  
Desde una perspectiva bioética y jurídica. Castillo (2025) define la eutanasia  
como el procedimiento mediante el cual un profesional médico, respaldo por el  
consentimiento del paciente o del representante legal, provoca de manera  
intencional el fallecimiento de alguien que padece una condición grave, terminal  
o irreversible, la cual le genera un dolor físico o emocional insoportable y desde  
la perspectiva bioética, esta acción se sustenta en el respeto a la dignidad y a la  
libertad individual, otorgándole a la persona el derecho de elegir cómo concluir  
su existencia cuando atraviesa situaciones límite.  
Por su parte, Valdez (2023), indica que existen distintas clasificaciones de la  
eutanasia, sin embargo, este análisis se centra únicamente en cuatro categorías  
fundamentales:  
•
•
Eutanasia activa: Consiste en la acción deliberada y directa de provocar  
la muerte del paciente de forma indolora y con una intención compasiva.  
Eutanasia pasiva: Se manifiesta, por ejemplo, al decidir no aplicar un  
tratamiento médico o al interrumpir alguna medida destinada a disminuir  
el padecimiento.  
•
•
Eutanasia voluntaria: Tiene lugar cuando el deceso se origina a partir del  
deseo explícito y autónomo de la propia persona.  
Eutanasia involuntaria; Se ocasiona el fallecimiento de manera opuesta a  
la decisión o voluntad del paciente.  
Dentro de esta clasificación, el debate jurídico y bioético contemporáneo,  
especialmente en el ámbito latinoamericano, gira predominantemente en torno a  
la eutanasia activa y voluntaria, al ser la solicitada de manera explícita por  
pacientes en condiciones terminales para poner fin a un sufrimiento intolerable.  
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González-Briones et al. (2026)  
Garantismo de la eutanasia en Ecuador  
En Ecuador el precedente que dio paso a la revisión normativa y jurisprudencial  
en torno a la aplicación de la eutanasia, fue el caso específico de la solicitud  
formulada por la ciudadana Paola Roldán de 43 años y que fue diagnosticada  
con esclerosis lateral amiotrofia (ELA), considera una enfermedad  
neurodegenerativa que progresa rápidamente y hasta ahora es incurable, la cual  
le ocasionaba un gran sufrimiento que fue deteriorando su calidad de vida y la  
necesidad de ser asistida para las funciones básicas. Esta situación la llevo a  
presentar una acción pública de inconstitucionalidad fundamentándose en el  
artículo 144 del COIP, que contempla que el homicidio simple vulneraba su  
derecho a una vida digna y a la autodeterminación personal, por no establecerse  
excepciones para casos de eutanasia en caso de enfermedades graves o  
incurables (Dueñas, 2025).  
Rosado y Caveda (2026), exponen que, como respuesta a la exhortación de la  
Corte Constitucional, el Ministerio de Salud Pública emitió el Acuerdo Ministerial  
No. 00059-2024, oficializando en el tercer suplemento del Registro oficial No.  
538 de fecha 12 de abril de 2024. Este instrumento jurídico regular el marco  
procedimiental para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria, estableciendo  
sus principios rectores, los protocolos operativos y la creación de comités  
interdisciplinarios encargados de evaluar rigurosamente cada solicitud, además  
de normar lo relativo a la objeción de conciencia del personal médico y la gestión  
de la documentación habitante.  
Igualmente, las autoras indican que mediante la respuesta oficial No. CC-STJ-  
2025-449 del 8 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud Pública detalló que la  
construcción de dicha normativa se ejecutó entre febrero y marzo de 2024 por  
medio de un trabajo coordinado entre sus direcciones técnicas: hospitales,  
derechos humanos, calidad y seguridad del paciente, políticas y normativas,  
discapacidades y asesoría jurídica, proceso que incluyo validaciones externas y  
consultas públicas con diversos organismos del Sistema Nacional de Salud:  
IESS, ISSFA, ISSPOL, ACESS, ARCSA, INDOT e INSPI, así como con  
organizaciones de la sociedad civil especializadas en bioética y cuidados  
paliativos.  
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Análisis comparado de la incorporación de estándares internacionales sobre el derecho a  
morir dignamente en la jurisprudencia ecuatoriana.  
Este caso en particular derivó en la Sentencia No. 67-23-IN/24, la cual según  
Llano y Mora (2026), representa un hito en el constitucionalismo ecuatoriano,  
pues reconoce que la eutanasia puede relacionarse con la dignidad durante la  
etapa final de la vida y con el libre desarrollo de la personalidad. No obstante,  
este reconocimiento no resuelve por completo el problema jurídico, por el  
contrario, pone de manifiesto una tensión propia del modelo garantista: la Corte  
Constitucional permite una excepción al tipo penal de la infracción contra la vida  
previsto en la norma penal, mientras el órgano legislador aún no ha establecido  
las garantías primarias necesarias para que su ejercicio se lleve a cabo con  
seguridad, control y claridad normativa. En este sentido el autor indica, que  
desde la teoría de Ferrajoli esto involucra: que aún no existen garantías  
primarias: normas para regular procedimientos, requisitos, controles, objeción de  
conciencia y protocolos médicos; las garantías secundarias: tutela judicial  
efectiva entran en funcionamiento, pero no pueden sustituir de manera indefinida  
la labor legislativa y por último la falta de regulación provoca una situación de  
inseguridad jurídica que afecta a pacientes y profesionales de la medicina.  
Asimismo, complementando el análisis regional, Leani (2025), destaca que la  
discusión jurídica en torno a la muerte medicamente asistida exige distinguir  
entre la dignidad intrínseca como el estatus inalienable y la dignidad extrínseca  
vinculada a las condiciones materiales que hacen que una vida sea valorada por  
el sujeto, y que en casos emblemáticos en la región como el de Víctor Escobar  
en Colombia, la primera persona sin diagnóstico terminal en acceder a este  
procedimiento en el 2022 ponen en relieve que la autonomía moral no debe  
confundirse con la autosuficiencia física, exigiendo a los Estados equilibrar el  
respeto por la decisión individual con la garantía de un entorno social y de salud  
que evite respuestas precipitadas ante la vulnerabilidad.  
Lo contemplado en la sentencia No. 67-23-IN/24 emitida por la Corte  
Constitucional del Ecuador (2024) se resume a continuación:  
•
La sentencia surge a raíz de la acción de inconstitucionalidad presentada por  
Paola Roldán, diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica-ELA. Su  
demanda cuestiono el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal  
478  
González-Briones et al. (2026)  
(COIP) que tipifica el delito de homicidio simple, argumentando que castigar  
al médico por aplicar la eutanasia vulneraba su derecho a una vida digna y  
a la libre autonomía personal ante un sufrimiento insoportable.  
Reconfiguración y doble dimensión del derecho a la vida: La corte  
constitucional determino que la vida no puede entenderse únicamente desde  
una perspectiva biológica o de mera subsistencia. Estableció que el derecho  
a la vida posee una dimensión cualitativa, la cual engloba las condiciones  
materiales y espirituales de una existencia decorosa. Bajo esta premisa, el  
tribunal resolvió que la inviolabilidad de la vida admite excepciones cuando  
se trata de proteger otros derechos fundamentales de igual jerarquía, como  
la dignidad y las autonomías en situaciones extremas.  
•
•
•
Decisión principal – Constitucionalidad condicionada: El fallo declaro la  
constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP. Esto significa que  
el tipo penal de homicidio simple no se declara inconstitucional en general,  
pero se establece que no será punible ni sancionable el médico que realice  
un procedimiento de eutanasia activa con el fin de procurar una muerte  
digna, siempre y cuando se cumplan estrictos presupuestos.  
Requisitos sustantivos y procedimientos establecidos: Para que la practica  
este exenta de responsabilidad penal, la Corte delineó los siguientes  
requisitos obligatorios:  
o El paciente debe padecer una lesión corporal grave e irreversible o una  
enfermedad grave e incurable  
o La condición debe generarle padecimientos físicos o psicológicos  
intensos e intolerables  
o El paciente debe manifestar su consentimiento de manera libre,  
inequívoca e informada o por medio de un representante si estuviera  
incapacitado para hacerlo.  
o El proceso debe ser llevado a cabo estrictamente por un profesional de  
la salud.  
▪
Exigencias al poder público y vacío normativo: Ante la ausencia de la ley  
específica que regulara la materia, la Corte exhorto y dispuso plazos a la  
Defensoría del Pueblo para que elaboro un proyecto de ley y a la Asamblea  
nacional para que lo debata y apruebe, con el fin de dotar al proceso de  
garantías primarias: protocolos médicos, comités de evaluación, regulación  
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Análisis comparado de la incorporación de estándares internacionales sobre el derecho a  
morir dignamente en la jurisprudencia ecuatoriana.  
de la objeción de conciencia, entre otros, mitigando así la inseguridad  
jurídica temporal.  
A partir de lo expuesto, se evidencia una tensión pragmática en el ordenamiento  
jurídico ecuatoriano. Mientras que la teoría de los derechos humanos y la  
jurisprudencia constitucional consagran la autonomía y la dignidad como ejes  
rectores para permitir la eutanasia activa, evitando así tratos crueles en casos  
como el de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la ausencia de protocolos  
médicos en una zona gris de inseguridad jurídica, donde la objeción de  
conciencia y la falta de regulación institucional dificultan el ejercicio efectivo de  
este derecho.  
Discusión  
Los hallazgos obtenidos respecto a la recepción de los estándares  
internacionales en la jurisprudencia del Ecuador coinciden con el análisis de  
Saverio (2026), quien advierte que el reconocimiento constitucional de la  
eutanasia no garantiza por sí mismo su efectividad material. Al contrastar el  
modelo transicional de Ecuador derivado de la sentencia 67-23-IN/24 y el  
Acuerdo Ministerial 00059-2024, con la construcción acumulativa de Colombia y  
el diseño regulatorio de Uruguay, se confirma que la solidez garantista exige  
articular tres dimensiones: reconocimiento, acceso y efectividad. En este sentido,  
mientras persista la brecha legislativa en Ecuador, el riesgo de barreras  
administrativas y las dilataciones por objeción de conciencia hace indispensable  
fortalecer mecanismos exigibles de revisión y continuidad asistencial, en sintonía  
con referentes comparados consolidados.  
Asimismo, Carrillo y Vallejo (2024) en el análisis de la Sentencia No. 67-23-IN/24  
de la Corte Constitucional ecuatoriana, aseguraron que la efectividad del  
derecho a una muerte digna como vertiente del libre desarrollo de la personalidad  
y la vida digna enfrenta desafíos normativos y operativos sustanciales, ya que si  
bien el Estado ecuatoriano ha dado un paso fundamental hacia la progresividad  
de los derechos al despenalizar la eutanasia, un examen crítico del Acuerdo  
Ministerial No. 00059-2024 Reglamento del Ministerio de Salud Pública,  
480  
González-Briones et al. (2026)  
evidencia barreras burocráticas y vacíos técnicos que contrastan con los  
estándares de democracias avanzadas como España, países Bajos, Bélgica o  
Colombia. En este sentido, sin embargo, se puede notar la imposición  
reglamentaria de un pronóstico fatal inferior a seis meses y la exigencia de un  
informe socioeconómico, que amenazan con vaciar de contenido material el  
derecho reconocido por la Corte, limitando su ejercicio de forma  
desproporcionada.  
Igualmente, los resultados obtenidos guardan estrecha concordancia con el  
análisis crítico-jurídico desarrollado por Salame y Cepeda (2025), quienes  
subrayan que la sentencia 67-23-IN/24, representa un punto de inflexión en el  
constitucionalismo latinoamericano al despenalizar de manera condicionada la  
eutanasia activa. Al igual que los sostenido en esta investigación, los autores  
enfatizan que el reconocimiento del derecho a una muerte digna no surge de un  
vacío normativo, sino de una interpretación evolutiva de los derechos  
fundamentales como la dignidad, la autonomía y el libre desarrollo de la  
personalidad frente a padecimientos intolerables derivados de enfermedades  
incurables como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La discusión práctica  
advierte que tanto el análisis jurisprudencial como la doctrina jurídica coinciden  
en que el fallo constitucional, si bien abre paso a la tutela de los derechos en su  
dimensión cualitativa, traslada una carga compleja al poder legislativo y al sector  
salud, dado a que las exigencias de la Corte respecto a las consideraciones  
previas, tales como la verificación estricta de un consentimiento libre de  
presiones, la estructuración de protocolos médicos especializados y la  
salvaguarda de la objeción de conciencia del personal sanitario, ponen en  
evidencia las carencias institucionales actuales, que generan un escenario de  
tensión garantista donde ante la falta de una ley específica expedida por la  
Asamblea Nacional, los profesionales de la medicina continúan enfrentando una  
zona gris de inseguridad jurídica que dificulta el ejercicio pleno y seguro de este  
derecho fundamental.  
Por su parte, Radosta (2025), aporta una lectura crítica fundamental desde la  
antropología del cuerpo al señalar que la existencia humana no puede  
comprenderse bajo el dualismo tradicional que separa la mente del organismo,  
sino como una unidad psicofisiológica corporeizada. Desde esta perspectiva, el  
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Análisis comparado de la incorporación de estándares internacionales sobre el derecho a  
morir dignamente en la jurisprudencia ecuatoriana.  
sufrimiento generado por una enfermedad incurable no solo lesiona la integridad  
biológica, sino que disgrega el sentido del self y la capacidad de agencia de la  
persona. Asimismo, advierte que los marcos regulatorios en América latina  
suelen recaer en una concepción de autonomía abstracta e individualista, por lo  
que resulta transitar hacia enfoques relacionales que reconozcan los contextos  
socioemocionales y eviten formalismos burocráticos en la gestión del final de la  
vida.  
4
. CONCLUSIONES  
La jurisprudencia constitucional ecuatoriana, materializada en la Sentencia No.  
7-23-IN/24, ha incorporado de manera progresiva y garantista los estándares  
6
internacionales sobre el derecho a morir dignamente. Aunque los tratados  
universales y regionales de derechos humanos no consagran expresamente este  
derecho, la Corte Constitucional aplicó una interpretación evolutiva y pro persona  
de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la prohibición de  
tratos crueles e inhumanos, superando la concepción absolutista y meramente  
biológica de la vida para tutelar su dimensión cualitativa ante enfermedades  
graves e incurables.  
Al contrastar el modelo transicional ecuatoriano con experiencias consolidadas  
como las de Países Bajos, Bélgica, España o Colombia, se determina que  
Ecuador enfrenta una brecha crítica entre el reconocimiento formal del derecho  
y su garantía material. Desde la óptica del garantismo jurídico, la declaratoria de  
constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral  
penal (COIP) resulta insuficiente mientras la Asamblea Nacional no expida una  
ley orgánica que dote al sistema de garantías primarias claras, generando  
inseguridad jurídica tanto para los pacientes solicitantes como para los  
profesionales de la salud.  
Las medidas reglamentarias provisionales adoptadas por el órgano rector de  
salud, específicamente mediante el Acuerdo Ministerial No. 00059-2024,  
presentan barreras burocráticas y restricciones técnicas como las exigencias  
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González-Briones et al. (2026)  
temporales de pronóstico vital o requisitos socioeconómicos que amenazan con  
vaciar de contenido el fallo constitucional.  
En consecuencia, garantizar un acceso real, oportuno y seguro a la eutanasia  
activa en Ecuador exige superar el formalismo administrativo, regular de forma  
equilibrada la objeción de conciencia médica sin obstruir la continuidad  
asistencial y adoptar un enfoque integral que articule el rigor clínico con el  
respeto pleno de la autonomía moral y relacional del paciente.  
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