Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Retos de la gobernanza tecnológica y ciberseguridad en el sector público en el Ecuador: Una  
revisión sistemática de la literatura.  
DOI: https://doi.org/10.46296/rc.v9i18.0457  
Retos de la gobernanza tecnológica y ciberseguridad en el sector  
público en el Ecuador: Una revisión sistemática de la literatura  
Challenges of technological governance and cybersecurity in  
Ecuador’s public sector: A systematic literature review  
Flores-Cedeño Pablo Ramon  
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador.  
Correo: pablo.flores@utm.edu.ec  
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-6092-1342  
RESUMEN  
La transformación digital del sector público ecuatoriano ha avanzado mediante políticas de  
gobierno digital, marcos de seguridad de la información, regulación de datos personales y  
modernización de servicios; sin embargo, la expansión tecnológica también amplía las  
exigencias de gobernanza, interoperabilidad, capacidades institucionales y ciberseguridad. Este  
artículo revisa críticamente literatura científica y documentos oficiales recientes para examinar  
tres ejes: gobernanza digital y capacidad estatal, ciberseguridad y protección de datos, e  
interoperabilidad e infraestructura pública digital. La evidencia muestra una situación dual.  
Ecuador presenta fortalezas normativas y de madurez GovTech, pero mantiene brechas en  
proactividad, articulación interinstitucional y desarrollo de capacidades. En el Global  
Cybersecurity Index 2024 el país alcanza valores altos en medidas legales, organizacionales,  
técnicas y de cooperación, mientras que el desarrollo de capacidades constituye el componente  
más rezagado. Se concluye que el reto central no consiste únicamente en incorporar tecnología,  
sino en consolidar una gobernanza tecnológica que articule estándares, talento humano, datos,  
interoperabilidad, gestión de riesgos y rendición de cuentas. La sostenibilidad de la  
transformación digital pública depende de convertir estos componentes en capacidades  
permanentes del Estado.  
Palabras claves: gobernanza tecnológica; ciberseguridad; gobierno digital; sector público;  
interoperabilidad; Ecuador.  
ABSTRACT  
Digital transformation in Ecuador’s public sector has advanced through digital-government  
policies, information-security frameworks, personal-data regulation and service modernization.  
Yet technological expansion also increases governance, interoperability, institutional-capacity  
and cybersecurity demands. This review critically examines recent scientific literature and official  
documents around three axes: digital governance and state capacity; cybersecurity and data  
protection; and interoperability and public digital infrastructure. Evidence reveals a dual picture.  
Ecuador shows regulatory and GovTech-maturity strengths while persistent gaps remain in  
proactiveness, inter-institutional coordination and capacity development. In the 2024 Global  
Cybersecurity Index, Ecuador performs strongly in legal, organizational, technical and  
cooperation measures, whereas capacity development is its weakest pillar. The central challenge  
is therefore not merely adopting technology, but consolidating technological governance that  
connects standards, human talent, data, interoperability, risk management and accountability.  
Sustainable public-sector digital transformation requires these components to become permanent  
state capabilities rather than isolated projects.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 13 de julio de 2026.  
Fecha de aceptación: 10 de septiembre de 2026.  
Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026.  
386  
Guayaquil-Molina et al. (2026)  
Keywords: technological governance; cybersecurity; digital government; public sector;  
interoperability; Ecuador.  
1. INTRODUCCIÓN  
La digitalización del Estado ha dejado de ser un proceso asociado  
exclusivamente a la informatización de trámites. En la actualidad implica  
rediseñar servicios, compartir datos entre instituciones, crear plataformas  
comunes, establecer identidades digitales y proteger infraestructuras cuya  
indisponibilidad puede afectar derechos y servicios esenciales. La Agenda de  
Transformación Digital del Ecuador 2022–2025 ubicó dentro de una misma hoja  
de ruta la infraestructura digital, los sistemas de información, el gobierno de  
tecnologías de información, la identidad digital, la interoperabilidad y la seguridad  
digital, lo que evidencia que la transformación pública debe entenderse como un  
problema de gobernanza y no únicamente de equipamiento (MINTEL, 2022a).  
La literatura regional coincide en que el gobierno digital requiere capacidades  
institucionales que permitan coordinar actores, gestionar datos, diseñar servicios  
centrados en las personas y evaluar el desempeño de las inversiones  
tecnológicas. La OCDE y CAF (2024) destacan que la digitalización pública  
produce mejores resultados cuando existe una visión de gobierno completo,  
reglas claras de gobernanza, capacidades del sector público y mecanismos de  
inclusión. Desde una perspectiva latinoamericana, Aguerre y Bonina (2024)  
agregan que las plataformas digitales también reconfiguran relaciones entre  
gobierno y ciudadanía, por lo que los modelos de gobernanza deben considerar  
participación, transparencia y responsabilidad institucional.  
En Ecuador, el marco reciente incorpora la Ley Orgánica para la Transformación  
Digital y Audiovisual de 2023, el Reglamento General a la Ley Orgánica de  
Protección de Datos Personales de 2023 y el Esquema Gubernamental de  
Seguridad de la Información —EGSI— actualizado en 2024. Estos instrumentos  
amplían la responsabilidad pública sobre servicios digitales, tratamiento de  
datos, continuidad operativa y gestión de seguridad. No obstante, la existencia  
de normas no elimina las brechas de implementación. Vera Ortega y Yong  
Amaya (2025) identifican barreras vinculadas con interoperabilidad, capacidades  
institucionales, equidad territorial y gobernanza, mientras Moreira et al. (2024)  
Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Retos de la gobernanza tecnológica y ciberseguridad en el sector público en el Ecuador: Una  
revisión sistemática de la literatura.  
subrayan la necesidad de articular legislación, sistemas de información y  
cooperación frente a delitos informáticos y protección de datos.  
El propósito de este artículo es sintetizar los principales retos de gobernanza  
tecnológica y ciberseguridad del sector público ecuatoriano, organizándolos en  
tres subtemas derivados de las variables centrales del problema: gobernanza  
digital y capacidad institucional; ciberseguridad y protección de datos; e  
interoperabilidad, infraestructura pública digital y confianza ciudadana. La  
revisión se orienta a identificar convergencias, tensiones y prioridades de  
fortalecimiento para una administración pública digital sostenible.  
2. GOBERNANZA  
DIGITAL,  
INSTITUCIONALIDAD  
Y
CAPACIDADES DEL ESTADO  
La gobernanza tecnológica define quién decide, con qué reglas se priorizan  
inversiones, cómo se coordinan las instituciones y de qué manera se evalúan los  
efectos de la tecnología sobre la ciudadanía. En este sentido, Cedeño-Bazurto y  
Vegas-Meléndez (2024) relacionan la gobernanza institucional con el  
desempeño, la infraestructura inteligente y el desarrollo sostenible, destacando  
que el gobierno digital exige mecanismos de coordinación que trasciendan la  
simple disponibilidad de plataformas. Muñoz-Pallaroso et al. (2025) sostienen,  
de forma convergente, que la gobernanza digital transforma la gestión pública  
cuando logra integrar eficiencia, inclusión y procesos administrativos apoyados  
en tecnología.  
Los indicadores internacionales muestran avances, pero también una posición  
intermedia frente a los países líderes. En el Índice de Gobierno Digital 2023 de  
la OCDE/BID, Ecuador obtuvo un puntaje compuesto de 0,387 y se ubicó décimo  
entre los países latinoamericanos y caribeños evaluados. Sus mejores  
componentes fueron orientación al usuario (0,519), gobierno como plataforma  
(0,464) y digital por diseño (0,446); la proactividad alcanzó 0,155, revelando una  
brecha en la capacidad de anticipar necesidades y ofrecer servicios antes de que  
el ciudadano deba solicitarlos (OECD/IDB, 2024).  
388  
Guayaquil-Molina et al. (2026)  
Esta lectura se complementa con el GovTech Maturity Index 2025, que ubica a  
Ecuador dentro del grupo de economías con madurez GovTech extensa. El valor  
agregado es relevante porque indica que existen sistemas básicos, capacidades  
de prestación digital y habilitadores institucionales. Sin embargo, la madurez  
tecnológica no debe confundirse con gobernanza consolidada: la sostenibilidad  
requiere presupuestos, perfiles profesionales, arquitectura empresarial,  
evaluación de riesgos y coordinación efectiva entre entidades (World Bank,  
2025).  
La literatura ecuatoriana insiste en la misma tensión. Vera Ortega y Yong Amaya  
2025) identifican que la interoperabilidad, el marco regulatorio, la gobernanza,  
(
las capacidades institucionales y la equidad territorial siguen condicionando la  
transformación. Esto implica que el desafío no es únicamente aumentar el  
número de trámites en línea, sino garantizar que las instituciones compartan  
estándares, responsabilidades y modelos de gestión. Un servicio digital aislado  
puede mejorar una interacción puntual, pero no necesariamente modifica la  
capacidad estatal si no se conecta con datos, sistemas y decisiones de otras  
entidades.  
La Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual fortalece esta  
perspectiva al promover simplificación, medios digitales y modernización de  
servicios públicos y judiciales. Su relevancia para la gobernanza radica en que  
reconoce la transformación digital como un proceso transversal. No obstante, la  
efectividad depende de la institucionalización de mecanismos de seguimiento y  
de la capacidad de convertir políticas nacionales en planes, portafolios de  
proyectos e indicadores comparables a escala institucional.  
Figura 1. Índice de Gobierno Digital 2023: dimensiones de Ecuador  
Digital por diseño  
0.446  
0.314  
0.464  
0.428  
0.519  
0.155  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
Sector público basado en datos  
Gobierno como plataforma  
Abierto por defecto  
Orientado al usuario  
Proactividad  
389  
Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Retos de la gobernanza tecnológica y ciberseguridad en el sector público en el Ecuador: Una  
revisión sistemática de la literatura.  
Puntaje compuesto  
0.387  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
Nota. Fuente: OECD/IDB (2024), Índice de Gobierno Digital para América Latina y el Caribe.  
Gráfico construido con elementos nativos y editables de Word.  
Tabla 1. Retos de gobernanza tecnológica y respuestas institucionales  
Reto  
Manifestación  
Respuesta prioritaria  
Sistemas y decisiones tecnológicas Gobernanza de gobierno completo,  
Fragmentación  
institucional  
gestionados por entidades con  
niveles desiguales de madurez.  
arquitectura común y coordinación  
interinstitucional.  
Datos interoperables,  
automatización responsable y  
diseño de servicios centrado en el  
usuario.  
Servicios digitales que responden a  
solicitudes, pero anticipan poco las  
necesidades ciudadanas.  
Baja proactividad  
Planes permanentes de formación y  
perfiles especializados en el sector  
público.  
Capacidades  
desiguales  
Brechas en talento digital, gestión  
de proyectos, datos y seguridad.  
Diferencias de infraestructura y  
capacidades entre instituciones y  
territorios.  
Estándares mínimos, servicios  
compartidos y apoyo técnico a  
entidades con menor madurez.  
Equidad territorial  
Nota. Síntesis elaborada a partir de OECD/CAF (2024), Vera Ortega y Yong Amaya (2025),  
World Bank (2025) y MINTEL (2022a).  
3
. CIBERSEGURIDAD,  
GESTIÓN  
DE  
RIESGOS  
Y
PROTECCIÓN DE DATOS  
La expansión del gobierno digital aumenta la superficie de exposición a  
incidentes de seguridad. Bases de datos, servicios web, identidades digitales,  
redes institucionales y plataformas de interoperabilidad se convierten en activos  
críticos. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Ecuador plantea una  
visión multisectorial y reconoce que la protección del ciberespacio requiere  
coordinación entre Estado, sector privado, academia y sociedad civil (MINTEL,  
2022b). Esta orientación es coherente con el enfoque de gobernanza del riesgo:  
la ciberseguridad no puede reducirse al área técnica, porque las decisiones  
sobre activos, continuidad, privacidad y respuesta a incidentes involucran  
responsabilidades directivas.  
390  
Guayaquil-Molina et al. (2026)  
El EGSI 3.0, expedido en 2024, fortalece esta dimensión al establecer un  
mecanismo gubernamental para implementar sistemas de gestión de seguridad  
de la información en el sector público. Su alineación con ISO/IEC 27001:2022  
facilita una estructura basada en identificación de activos, valoración de riesgos,  
controles, políticas, roles y mejora continua. Desde esta perspectiva, el reto no  
es únicamente cumplir listas de controles, sino incorporar la seguridad a la  
planificación institucional, la contratación tecnológica, el desarrollo de software y  
la gestión de proveedores.  
El Global Cybersecurity Index 2024 ubica a Ecuador en el nivel T2 “Advancing”.  
Las medidas legales alcanzan 19,21 sobre 20; las técnicas, 17,89; las  
organizacionales, 18,60; la cooperación, 17,70; y el desarrollo de capacidades,  
13,78. La estructura del índice sugiere que el marco normativo y organizacional  
es comparativamente sólido, mientras que la formación, las competencias y el  
desarrollo sostenido de talento especializado constituyen la brecha principal  
(ITU, 2024).  
La protección de datos personales amplía las obligaciones de seguridad. El  
Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales exige  
una gestión responsable de tratamientos, medidas de seguridad y garantías para  
los titulares. En el sector público, donde los datos pueden incluir información  
tributaria, social, sanitaria, registral o judicial, la gobernanza debe integrar  
privacidad desde el diseño, minimización, trazabilidad y controles de acceso.  
Moreira et al. (2024) advierten que la aplicación efectiva de la regulación y la  
cooperación son indispensables para enfrentar delitos informáticos y riesgos  
asociados a los sistemas de información.  
La principal implicación institucional es que las inversiones en seguridad deben  
acompañarse de cultura organizacional. El menor desempeño del país en  
desarrollo de capacidades dentro del GCI refuerza la necesidad de programas  
continuos de formación para directivos, responsables de procesos,  
desarrolladores, administradores de infraestructura y usuarios finales. La  
seguridad depende de controles técnicos, pero también de decisiones humanas,  
procedimientos y mecanismos de respuesta.  
391  
Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Retos de la gobernanza tecnológica y ciberseguridad en el sector público en el Ecuador: Una  
revisión sistemática de la literatura.  
Figura 2. Global Cybersecurity Index 2024: desempeño de Ecuador por pilar  
Medidas legales  
19.21  
17.89  
18.60  
13.78  
17.70  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
Medidas técnicas  
Medidas organizacionales  
Desarrollo de capacidades  
Cooperación  
Nota. Fuente: International Telecommunication Union (2024). Puntaje máximo por pilar: 20.  
Gráfico construido con elementos nativos y editables de Word.  
4
. INTEROPERABILIDAD, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
DIGITAL Y CONFIANZA CIUDADANA  
La interoperabilidad constituye el puente entre digitalización institucional y  
transformación del Estado. Cuando cada entidad mantiene sistemas cerrados, el  
ciudadano debe repetir datos, presentar documentos que ya posee otra  
institución y adaptarse a procedimientos fragmentados. La Agenda de  
Transformación Digital incorporó específicamente un eje de interoperabilidad y  
tratamiento de datos, junto con servicios de interoperabilidad, datos personales  
y datos abiertos (MINTEL, 2022a). Este diseño reconoce que el valor de la  
tecnología pública aumenta cuando la información puede circular de forma  
segura, trazable y legítima.  
OECD/CAF (2024) señala que los gobiernos digitales maduros se apoyan en  
infraestructura pública digital y componentes reutilizables que evitan duplicar  
inversiones. El enfoque de gobierno como plataforma implica servicios comunes  
de identidad, pagos, notificaciones, datos y autenticación que puedan ser  
utilizados por distintas entidades. En Ecuador, el puntaje de 0,464 en “gobierno  
como plataforma” dentro del DGI 2023 muestra una base relevante, aunque la  
baja proactividad evidencia que esa infraestructura aún puede generar mayor  
valor mediante automatización y servicios integrados.  
La interoperabilidad también exige gobernanza de datos. No basta con conectar  
aplicaciones: deben definirse bases jurídicas de intercambio, responsabilidades  
de tratamiento, calidad, catálogos, metadatos, trazabilidad y mecanismos de  
392  
Guayaquil-Molina et al. (2026)  
auditoría. El Reglamento de Protección de Datos Personales introduce límites y  
obligaciones que impiden concebir la integración de sistemas como libre  
circulación irrestricta de información. La arquitectura tecnológica debe operar  
bajo principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad y responsabilidad  
demostrada.  
La confianza ciudadana es, por tanto, una variable de resultado de la gobernanza  
tecnológica. Servicios más simples y coordinados pueden mejorar la experiencia  
de las personas, pero una filtración de datos, una interrupción masiva o una  
decisión automatizada opaca puede deteriorar esa confianza. Por ello, la  
ciberseguridad y la interoperabilidad no son objetivos independientes: la primera  
protege la infraestructura que hace posible la segunda, mientras la segunda  
multiplica el impacto de cualquier debilidad de seguridad.  
La consolidación de infraestructura pública digital debe ir acompañada de  
evaluación de desempeño. El GovTech Maturity Index y el Digital Government  
Index ofrecen referencias comparativas útiles, pero las instituciones necesitan  
indicadores propios sobre disponibilidad, interoperabilidad, incidentes, calidad de  
datos, uso de servicios, satisfacción ciudadana y tiempos de atención. Convertir  
esos indicadores en ciclos de mejora es una condición para que la  
transformación digital permanezca más allá de programas o períodos  
administrativos.  
Tabla 2. Instrumentos recientes que estructuran la gobernanza digital y la seguridad pública en  
Ecuador  
Instrumento  
Año  
Aporte principal  
Agenda de Transformación  
Digital del Ecuador 2022–2025  
Integra infraestructura, gobierno TI,  
interoperabilidad, datos y seguridad digital.  
2
2
022  
022  
Estrategia Nacional de  
Ciberseguridad  
Define coordinación multisectorial y prioridades  
para fortalecer el ciberespacio ecuatoriano.  
Ley Orgánica para la  
Transformación Digital y  
Audiovisual  
Impulsa simplificación, servicios y adopción de  
tecnologías digitales en el Estado.  
2023  
Reglamento General a la Ley  
Orgánica de Protección de Datos 2023  
Personales  
Desarrolla obligaciones para tratamiento y  
protección de datos personales.  
393  
Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Retos de la gobernanza tecnológica y ciberseguridad en el sector público en el Ecuador: Una  
revisión sistemática de la literatura.  
Esquema Gubernamental de  
Seguridad de la Información 3.0  
Establece el marco para sistemas de gestión de  
seguridad de la información en el sector público.  
2
024  
Nota. Elaboración propia con base en normativa y documentos oficiales ecuatorianos.  
5
. SÍNTESIS CRÍTICA E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN  
PÚBLICA  
La revisión permite identificar una convergencia clara: Ecuador dispone de una  
base normativa e institucional significativa, pero el siguiente ciclo de  
transformación depende de la capacidad de ejecutar, coordinar y sostener. Los  
puntajes del GCI muestran que el país ha avanzado en legislación, organización  
y cooperación; al mismo tiempo, el DGI evidencia una proactividad limitada.  
Ambas mediciones apuntan al mismo problema: el marco formal debe  
transformarse en capacidades operativas y servicios integrados.  
En términos de política pública, la prioridad debería ser articular gobernanza,  
seguridad e interoperabilidad en un mismo modelo. Los comités de  
transformación digital requieren capacidad para priorizar inversiones, gestionar  
arquitectura y datos, evaluar riesgos y medir resultados. Si estas funciones se  
distribuyen sin coordinación, la digitalización puede reproducir la fragmentación  
burocrática en una nueva capa tecnológica.  
El fortalecimiento de capacidades merece especial atención. La brecha  
identificada por ITU en desarrollo de capacidades y las barreras institucionales  
reportadas por Vera Ortega y Yong Amaya (2025) sugieren que la disponibilidad  
de tecnología supera, en algunos ámbitos, la capacidad de apropiación.  
Programas de formación diferenciados por rol, comunidades de práctica y  
carreras técnicas públicas podrían reducir esa brecha y mejorar la sostenibilidad  
de las inversiones.  
Finalmente, la confianza debe ser tratada como un activo público. La  
transformación digital solo produce valor cuando la ciudadanía percibe que los  
servicios son útiles, accesibles y seguros. Esto exige transparencia sobre el uso  
de datos, respuesta ante incidentes, canales de soporte y mecanismos de  
394  
Guayaquil-Molina et al. (2026)  
evaluación. La gobernanza tecnológica madura combina eficiencia con  
protección de derechos y capacidad de rendición de cuentas.  
6
. CONCLUSIONES  
La gobernanza tecnológica del sector público ecuatoriano se encuentra en una  
etapa de consolidación. Las políticas y normas recientes han construido una  
base para gobierno digital, protección de datos, interoperabilidad y seguridad de  
la información, mientras los indicadores internacionales muestran niveles  
relevantes de madurez y compromiso.  
No obstante, las brechas de proactividad, capacidades institucionales y  
articulación interinstitucional limitan la conversión de esa base normativa en valor  
público. La ciberseguridad presenta fortalezas en componentes legales y  
organizacionales, pero requiere mayor inversión sostenida en competencias,  
cultura de seguridad y gestión de riesgos.  
La interoperabilidad debe asumirse como componente de gobernanza y no como  
proyecto técnico aislado. Su desarrollo demanda estándares comunes, bases  
jurídicas claras, calidad de datos, trazabilidad y privacidad desde el diseño. De  
la misma manera, la infraestructura pública digital debe medirse por su  
contribución a servicios simples, integrados y confiables.  
En consecuencia, el principal reto para Ecuador consiste en transformar la  
digitalización en capacidad estatal permanente. Esto supone integrar estrategia,  
arquitectura, datos, ciberseguridad, talento humano y evaluación bajo una  
gobernanza común que preserve derechos y fortalezca la confianza ciudadana.  
Declaraciones  
Conflicto de intereses. El autor declara no mantener conflictos de intereses  
relacionados con el contenido de este artículo.  
Financiamiento. El artículo no reporta financiamiento externo específico.  
Originalidad. El manuscrito se presenta como artículo de revisión y síntesis  
crítica de literatura científica, normativa y fuentes institucionales recientes.  
395  
Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa  
REICOMUNICAR. Vol. 9, Núm. 18 (Ed. Julio – Diciembre 2026) ISSN: 2737-6354.  
Retos de la gobernanza tecnológica y ciberseguridad en el sector público en el Ecuador: Una  
revisión sistemática de la literatura.  
Adecuación editorial. La estructura se preparó siguiendo criterios académicos  
compatibles con REICOMUNICAR y referencias en formato APA 7.  
REFERENCIAS  
Aguerre, C., & Bonina, C. (2024). Open government, civic tech and digital  
platforms in Latin America: A governance study of Montevideo’s urban app  
“Por Mi Barrio”. Information Systems Journal, 34(4), 1037–1067.  
https://doi.org/10.1111/isj.12468  
Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Ley Orgánica para la Transformación  
Digital y Audiovisual. Registro Oficial, Tercer Suplemento No. 245.  
Cedeño-Bazurto, J. D., & Vegas-Meléndez, H. J. (2024). Gobernanza  
institucional como estrategia del gobierno digital para fomentar ciudades  
inteligentes.  
593  
Digital  
Publisher  
CEIT,  
9(1),  
138–153.  
https://doi.org/10.33386/593dp.2024.1.2167  
International Telecommunication Union. (2024). Global Cybersecurity Index  
024. ITU.  
2
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2022a).  
Agenda de Transformación Digital del Ecuador 2022–2025. Acuerdo  
MINTEL-MINTEL-2022-0022.  
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2022b).  
Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Ecuador. MINTEL.  
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2024).  
Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).  
Acuerdo MINTEL-MINTEL-2024-0003.  
Moreira Moreira, I. A., Navia Mendoza, M., & Parraga-Alava, J. (2024). El  
derecho informático y la influencia en los sistemas de información: un  
análisis bibliográfico bajo la perspectiva jurídica y tecnológica en Ecuador.  
Revista  
Tecnológica  
-
ESPOL,  
36(1),  
162–178.  
https://doi.org/10.37815/rte.v36n1.1151  
Muñoz-Pallaroso, E. K., Romero-Vásquez, X. M., Pallaroso-Granizo, R. Y., &  
Oviedo-Bayas, B. (2025). Gobernanza digital y transformación del Estado.  
Impacto de la tecnología en la gestión pública. Revista Metropolitana de  
Ciencias Aplicadas, 8(3), 96–100. https://doi.org/10.62452/hctsy763  
396  
Guayaquil-Molina et al. (2026)  
OECD/CAF. (2024). Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe:  
Construyendo servicios públicos inclusivos y responsivos. OECD  
Publishing. https://doi.org/10.1787/7a127615-es  
OECD/IDB. (2024). 2023 OECD/IDB Digital Government Index of Latin America  
and the Caribbean: Results and key findings. OECD Public Governance  
Policy Papers, 64. https://doi.org/10.1787/10b82c83-en  
Presidencia de la República del Ecuador. (2023). Reglamento General a la Ley  
Orgánica de Protección de Datos Personales. Decreto Ejecutivo No. 904,  
Registro Oficial Suplemento No. 435.  
Vera Ortega, R., & Yong Amaya, L. (2025). Barreras institucionales para la  
gobernanza digital en Ecuador: Evidencia desde la Cuarta Revolución  
Industrial. Revista Española de la Transparencia, 22, 313–333.  
https://doi.org/10.51915/ret.407  
World Bank. (2022). GovTech Maturity Index, 2022 Update: Trends in public  
sector digital transformation. World Bank.  
World Bank. (2025). GovTech Maturity Index 2025: Tracking public sector digital  
transformation worldwide. World Bank.  
397